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Sala Constitucional avala vacunación obligatoria de funcionarios públicos

by Alejandro Arley

Los magistrados concluyeron que la vacunación contra Covid-19, “en defensa del interés público”, “pretende garantizar el derecho a la salud a nivel colectivo”.

De esta forma el Tribunal resolvió una acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta contra el decreto ejecutivo N°43249-S, el cual establece la obligatoriedad de la vacuna contra la enfermedad.

La persona que presentó la acción fue un abogado un abogado de apellidos Hernández Mussio, quien consideró que el decreto lesiona los principios de igualdad, autodeterminación informativa y reserva de ley, así como el derecho al consentimiento informado.

“Todos esos alegatos fueron rechazados por las y los magistrados con base en la propia jurisprudencia del Tribunal”, informó la Sala.

La resolución cita la sentencia N°20200019433 de del 9 de octubre de 2020 que dice en uno de sus puntos lo siguiente:

“(…) esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas (…)”   

Los magistrados alegaron que no existe una vulneración al principio de reserva de Ley, “toda vez que la aplicación obligatoria de la vacuna contra el covid-19 fue definida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de conformidad con las potestades otorgadas por la Ley Nacional de Vacunación”.

Escuche aquí al presidente de la Sala, Fernando Castillo:

En cuanto a la información sobre el proceso de vacunación, la sentencia agrega:

“Aun cuando la vacunación resulte obligatoria para aquellos casos en que no esté médicamente contraindicada, debe brindarse la información necesaria a la persona, a los efectos de resguardar previamente su vida y salud, para ello existen otras disposiciones que complementan el decreto impugnado en relación con el deber de brindar la información suficiente y adecuada de previo a la vacunación; así como normativa especial que ordena el resguardo de los datos privados de las personas, la cual debe ser garantizada por organismos públicos o privados”.

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