- La Sala Constitucional determinó que el Gobierno ya había iniciado los trámites de juramentación y, por esa razón, no procedía declarar desacato.
La discusión por el nombramiento de Rocío Alfaro en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) continúa, luego de que la Sala Constitucional descartara declarar en desacato al Gobierno al considerar que el Poder Ejecutivo ya había iniciado los trámites para su juramentación.
La decisión se refiere a la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de Farmacia y Otros Servicios de la CCSS (SINTAF), que cuestionó el incumplimiento del plazo otorgado por el tribunal para avanzar con la incorporación de Alfaro, elegida por el movimiento sindical como representante de los trabajadores para el periodo 2026-2030.
No obstante, la resolución sobre el desacato no deja sin efecto las sentencias anteriores relacionadas con el caso. Así lo enfatiza el pronunciamiento difundido por representantes sindicales, que advierten sobre interpretaciones que presentan la decisión como si el tribunal hubiera eximido al Gobierno de cumplir con la juramentación.
¿Qué resolvió la Sala IV anteriormente?
El 13 de agosto, la Sala Constitucional anuló por unanimidad el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó la designación de Alfaro. Los magistrados concluyeron que el Ejecutivo no podía objetar la elección realizada por el movimiento sindical, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Posteriormente, el 25 de setiembre, el tribunal anuló el nombramiento temporal de Róger Rivera Mora como representante sindical y ordenó al Consejo de Gobierno adoptar, en un plazo máximo de ocho días, las medidas necesarias para tramitar la propuesta que designó a Alfaro.
Tras el vencimiento de ese plazo, organizaciones sindicales solicitaron a la Sala IV declarar en desacato al Gobierno. El reclamo se centró en que la juramentación no se había concretado dentro del periodo establecido por el tribunal.
¿Qué significa la decisión sobre el desacato?
Según la explicación del movimiento sindical, la Sala descartó declarar el desacato porque el Gobierno había iniciado los trámites para la juramentación. Sin embargo, ese criterio no equivale a una resolución que elimine la obligación de continuar el procedimiento.
Por ello, la diferencia está entre determinar si corresponde declarar desacato en esta gestión y establecer si las órdenes judiciales anteriores siguen vigentes. Las sentencias que anularon el rechazo de la designación y ordenaron tramitar la incorporación de Alfaro no han sido revocadas por la resolución sobre el desacato.
El nombramiento mantiene relevancia para la integración de la Junta Directiva de la CCSS, órgano encargado de decisiones sobre la administración de la institución y sus servicios.
