- La gestión fue presentada contra el Ministerio de Seguridad Pública por hechos del 14 de setiembre.
La Sala Constitucional dio curso como recurso de hábeas corpus a una gestión presentada a favor de Dennis Javier Solís Cruz, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), por hechos ocurridos durante las actividades oficiales de celebración de la Independencia en Cartago, el pasado 14 de setiembre.
El caso se tramita bajo el expediente 26-033968-0007-CO. Según la información divulgada por APSE, la Sala determinó que, por la naturaleza de los hechos denunciados y su posible relación con la libertad personal y la integridad física, correspondía tramitar la gestión como hábeas corpus y no como recurso de amparo.
De acuerdo con los hechos consignados en la resolución, Solís acudió a las actividades oficiales acompañado por un grupo de afiliados de APSE. Al llegar a los controles de acceso, las personas fueron requeridas para presentar su identificación.
APSE sostiene que el grupo atendió esa solicitud, pero que posteriormente se le impidió continuar hacia el área donde se desarrollaban las actividades, luego de que las autoridades identificaran a sus integrantes como afiliados de la organización.
Según la versión recogida en la gestión, a las personas se les indicó que se encontraban a la espera de “órdenes superiores”. La resolución señala que, de acuerdo con lo denunciado, esto habría implicado un requisito adicional que no se habría aplicado en las mismas condiciones al resto del público.
Seguridad Pública niega ingreso selectivo
El Ministerio de Seguridad Pública sostiene una versión distinta sobre los controles realizados ese día.
Según la posición comunicada por las autoridades de seguridad, el dispositivo establecido en la Plaza Mayor de Cartago consistió en controles generales de identificación mediante cédula, implementados como parte de las medidas preventivas ante posibles hechos violentos.
La cartera niega que existiera una directriz para impedir de manera selectiva el ingreso de personas por pertenecer a APSE.
La apertura del trámite ante la Sala Constitucional no constituye, por sí misma, una resolución sobre el fondo de la denuncia. La Sala deberá analizar los informes y elementos que aporten las autoridades.
Ministerio de Seguridad deberá rendir informe
Como parte del trámite, la Sala Constitucional ordenó al ministro de Seguridad Pública presentar un informe en un plazo de tres días naturales, acompañado de la documentación y los elementos probatorios relacionados con los hechos denunciados.
La Sala Constitucional dispone de mecanismos de protección de derechos fundamentales, entre ellos los recursos de hábeas corpus y amparo.
Por ahora, el proceso queda a la espera del informe solicitado al Ministerio de Seguridad Pública y de la valoración que realice posteriormente la Sala sobre los hechos planteados
