- El presidente de la República alcanzó esta semana los 15 vetos.
El presidente Rodrigo Chaves vetó dos nuevos proyectos de ley esta semana, elevando a 15 el total de vetos en su administración, la cifra más alta desde 1998 y un reflejo de la creciente tensión con la Asamblea Legislativa.
Las iniciativas rechazadas abarcan temas sensibles: la mejora de paradas de transporte público y el descongelamiento de pensiones del Magisterio Nacional. Ambas habían sido aprobadas por el Congreso, pero fueron frenadas por el Ejecutivo bajo argumentos de impacto fiscal y conveniencia.
El diputado proponente del proyecto de paradas, Francisco Nicolás, cuestionó el veto por sus efectos directos en la población usuaria del transporte público.
“Este veto no solo me afecta a mí, afecta a miles de costarricenses que quedan expuestos a paradas inseguras… más del 75% son una raya blanca en el pavimento”, afirmó.
Desde el sector educativo, el presidente de APSE, Dennis Solís Cruz, advirtió sobre el impacto en pensionados.
“Se le da la espalda a más de 30.000 pensionados que llevan seis años sin ajustes. Es un golpe muy fuerte a sus condiciones de vida”, señaló.
Más allá de los casos puntuales, el aumento en el número de vetos consolida una tendencia política. Según el analista Sergio Araya, la cifra es un indicador directo de la relación conflictiva entre poderes.
“Es un reflejo de la tensión que caracterizó la relación con la Asamblea Legislativa. Muchos vetos responden más a razones de oportunidad que de legalidad, lo que evidencia falta de negociación previa”, explicó.
El dato no es menor. De los 15 vetos emitidos por el Ejecutivo, el Congreso logró resellar cinco, equivalente a un 33%, lo que también convierte a esta administración en la que más resellos ha enfrentado en las últimas décadas.
En ese contexto, los vetos dejan de ser solo herramientas constitucionales y pasan a formar parte de una dinámica política más amplia: la disputa entre Ejecutivo y Legislativo por el control de la agenda pública.
El patrón se repite en distintas áreas. Desde proyectos fiscales hasta iniciativas sociales, las objeciones del Gobierno han frenado o retrasado medidas aprobadas por el Congreso, mientras que los diputados han respondido en algunos casos imponiendo su criterio mediante resellos.
Para Araya, esta dinámica evidencia una debilidad estructural en la articulación política.
“La sanción de las leyes debería ser un trámite más procedimental, pero aquí se ha convertido en un tema sustantivo por la falta de acuerdos previos”, indicó.
Con estos dos nuevos vetos, el cierre del periodo legislativo queda marcado por un pulso institucional que no logró resolverse y que ahora se traslada a la próxima Asamblea Legislativa, que deberá decidir si mantiene o revierte las objeciones del Ejecutivo.
Así, la cifra récord de vetos no solo resume una gestión, sino también una forma de gobernar: confrontativa, con alta utilización de herramientas de control y con escasos consensos políticos.
