Presidenta de la República, Laura Fernández, envió una carta a miembros de la Corte Suprema de Justicia y otras instancias de este Poder, para exponer sus puntos de vista sobre la institución.
La presidenta de la República, Laura Fernández, envió una carta para reunirse con miembros del Poder Judicial.
Fernández aseguró que pretende establecer líneas para reformar a esta institución en el país.
«Envié una invitación formal al magistrado presidente del Poder Judicial, Catalina Orlando Aguirre, a la magistrada presidente de la Sala Tercera, Patricia Solano, también al fiscal general de la República, Carlos Díaz y a Michael Soto, director del OIJ.
En esta reunión pienso plantear las prioridades de mi gobierno en cuanto a las reformas profundas que necesita el Poder Judicial para convertirse en un poder al servicio de los costarricenses, que trabaje con eficiencia y le hagamos frente en una gran cruzada nacional al crimen organizado y el narcotráfico.
No voy a consentir que nuestro país siga teniendo el desprestigio judicial que lamentablemente hoy vivimos. Así que los espero en la Casa Presidencial», anunció Fernández.
Chaves da líneas
Antes de su salida de Casa Presidencial, el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, señaló parte de los cambios que quiere su movimiento político para el Poder Judicial, en entrevista con Noticias Columbia.
«Sacar a la Sala Cuarta de ahí, como un ente independiente del resto de la judicatura ¿Por qué se tiene que sentar los magistrados de la Sala Segunda, de lo contencioso, con un cuerpo que al final del día debería ser el árbitro último de todas las disputas entre los poderes?
Que el fiscal sea nombrado, ya sea que la Asamblea lo seleccione y el presidente lo apruebe, donde haya balance y contrapesos. ¿En qué país está todo lo que tiene que ver con la administración de la ley en un solo poder, una sola institución? En ninguno en el mundo.
Opiniones
Para el abogado constitucionalista Marvin Carvajal la propuesta de sacar a la Sala Constitucional del Poder Judicial se ha presentado varias veces. El principal punto, asegura el experto, es asegurar la justicia constitucional.
«No es descartable la posibilidad de que la Sala Constitucional pudiera funcionar fuera del Poder Judicial, siempre y cuando tenga garantizada constitucionalmente, en ese lugar donde vaya a ser colocada, el mismo grado de independencia que actualmente tiene en relación con el Poder Judicial.
Actualmente la Sala Constitucional forma parte del Poder Judicial, sus magistrados y magistradas son parte de la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte no le da órdenes a la Sala. Incluso, la Sala Constitucional ha condenado varias veces a la propia Corte Suprema de Justicia, de modo que es posible pensar en mejoras a la justicia constitucional que no impliquen cercenamientos de los procesos tan importantes que y las competencias tan relevantes que desarrolla», explicó.
Por su parte, el abogado y exjuez, Ewald Acuña, consideró que cambiar la forma de elección del fiscal general podría politizar su designación.
«Las tendencias modernas procuran que el Ministerio Público tenga rango constitucional e independencia absoluta y que su nombramiento sea, en la medida de lo posible, de la manera más apolítica posible, y en esa línea el mejor modelo hasta ahora ha sido el nombramiento a cargo de la Corte Plena del Poder Judicial.
Hay que tener claro, eso sí, que cualquiera de las reformas propuestas requiere una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, es decir, 38 votos, porque se reforma la estructura y organización del Poder Judicial y, en esa línea, la Constitución exige una mayoría calificada para realizar tales reformas», dijo.
Voces del Poder Judicial
Entre los sindicatos del Poder Judicial, las propuestas también son rechazadas. El secretario del sindicato de la Defensa Pública, Hugo Solís, considera que estas buscan concentrar poder.
«Si Rodrigo Chaves hubiera querido hacer una propuesta un poco más balanceada y no tan radical como lo hizo a través de su propuesta de que se asemeja al modelo francés, lo hubiera hecho desde el punto de vista del modelo italiano, que al menos está constituido por 15 jueces, los cuales cinco los escoge el Poder Ejecutivo, cinco los escoge el Parlamento y cinco más los escoge el Poder Judicial.
El decantarse por un modelo como el francés, de acuerdo a lo que él sugiere, lo único que hace es evidenciar que quiere el control absoluto del Tribunal Constitucional.
Con relación al fiscal general, tiene una tendencia exactamente igual. Una tendencia que busca asemejarse a la elección que se hace en los Estados Unidos por parte del Ejecutivo. El presidente de la República es quien hace la nominación de la persona que quiere como su fiscal general, este pasa a las cámaras y son ellos quienes determinan si apoyan o no la nominación, pero quien determina el nombre del fiscal general es el presidente de la República, el órgano más político que hay», opinó.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, agradeció la invitación y expresó
«Vemos positiva la apertura y la invitación realizada por la presidenta Fernández para este encuentro. Vamos a plantear la necesidad de avanzar en una reforma profunda del Código Procesal Penal para ajustarlo a las nuevas dinámicas del crimen organizado que hoy opera con estructuras mucho más sofisticadas, recursos económicos e incluso con herramientas tecnológicas.
También consideramos importante revisar la normativa relacionada con la prisión preventiva, para que las autoridades judiciales cuenten con herramientas más claras y actualizadas al momento de valorar los riesgos procesales en este tipo de casos. Siempre, por supuesto, dentro del marco constitucional y del respeto a los derechos humanos.
La seguridad requiere un esfuerzo conjunto. Cada institución cumple un papel distinto, pero complementario y todas son fundamentales para darle una respuesta efectiva al país», expresó.
