- Decisión judicial que suspende permisos de tala y construcción pone en tensión la seguridad jurídica, la inversión turística y la protección ambiental en el país.
La decisión de la Sala Constitucional de suspender la tala de árboles y los permisos de construcción en el Polo Turístico Golfo de Papagayo desató un conflicto que trasciende el proyecto: reabrió el debate sobre hasta dónde debe llegar la protección ambiental frente al desarrollo económico.
La medida cautelar, dictada por el magistrado Fernando Cruz tras un recurso de amparo, ordena frenar la corta de cerca de 750 árboles, así como la emisión de nuevas autorizaciones constructivas y actos administrativos vinculados al proyecto. En la práctica, distintos sectores advierten que esto podría traducirse en una paralización casi total del principal polo turístico del país.
A partir de ese fallo de la Sala IV, el Gobierno posicionó su respuesta en la necesidad de equilibrio. La presidenta electa, Laura Fernández, defendió la protección ambiental como un activo clave del país, pero cuestionó lo que considera posturas extremas que frenan el desarrollo.
“Nunca voy a estar de acuerdo en que en nuestro país matemos a la gallina de los huevos de oro (…) nuestra biodiversidad”, afirmó, al insistir en que el país debe evitar el “fanatismo” y apostar por modelos de desarrollo sostenible que también permitan el crecimiento de las comunidades.
En contraste, el presidente Rodrigo Chaves Robles elevó el tono del debate y lanzó fuertes críticas contra opositores a la tala, especialmente contra el diputado electo Edgardo Araya y el magistrado Fernando Cruz. El mandatario cuestionó que se frenen proyectos por razones ambientales y advirtió que esto genera incertidumbre para la inversión.
Chaves aseguró que en Papagayo existen inversiones millonarias y criticó que se priorice la protección de árboles sobre el desarrollo económico, al afirmar que decisiones como esta envían una señal negativa a inversionistas internacionales y pueden provocar que lleven su capital a otros países.
Las preocupaciones del Ejecutivo son compartidas por el sector empresarial. La Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo advirtió que la resolución de la Sala IV pone en riesgo más de $5.000 millones en inversión, así como miles de empleos directos e indirectos en Guanacaste.
Su director ejecutivo, Rodrigo Castro, señaló que “no solo se está frenando un proyecto, se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país”, al tratarse de un modelo turístico con más de 50 años de respaldo estatal y planificación.
En esa misma línea, el Instituto Costarricense de Turismo solicitó a la Sala Constitucional aclarar los alcances de la medida cautelar, al advertir que una interpretación amplia podría implicar una paralización absoluta del polo turístico.
Sin embargo, desde el ámbito ambiental, la decisión judicial es vista como necesaria. El diputado electo Edgardo Araya defendió la suspensión y advirtió a inversionistas sobre posibles responsabilidades por daños ecológicos.
“Cuando un bosque se pierde, toda la sociedad pierde (…) nada cuesta esperar un poco”, señaló, al insistir en que la protección ambiental debe prevalecer ante riesgos irreversibles.
El caso se originó tras la autorización de tala en Playa Panamá, dentro del polo turístico, la cual fue detenida por la Sala IV. Más allá del expediente, el conflicto evidencia una tensión estructural: Costa Rica intenta sostener su liderazgo ambiental mientras depende de sectores como el turismo para su crecimiento económico.
La resolución no define aún el futuro del proyecto, pero sí deja claro que el debate entre conservación y desarrollo seguirá marcando la agenda nacional.
