Regidores sostienen que la vía recursiva ya fue agotada, mientras el alcalde insiste en que el órgano municipal no puede suspenderlo.
El proceso relacionado con el alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndez, volvió a colocarse en el centro del debate municipal luego de que nueve regidores solicitaran una sesión extraordinaria para este jueves a la 1 de la tarde, con el fin de conocer la sanción que —según señalan— debía quedar en firme el pasado 17 de febrero.
La discusión surge después de que, en la sesión ordinaria más reciente, la presidenta del Concejo Municipal, Mariana Zúñiga, diera por finalizada la reunión sin que se analizara formalmente el trámite de suspensión por 15 días sin goce de salario aprobado meses atrás contra el alcalde.
El procedimiento se originó por cuestionamientos a su actuación en una licitación para la compra de 16 vehículos eléctricos dentro de la Municipalidad de San José, caso que derivó en la aprobación de la sanción por parte del Concejo.
La regidora liberacionista Iztarú Alfaro calificó como lamentable lo ocurrido y aseguró que es preocupante que la presidencia municipal no permitiera avanzar con el conocimiento del expediente. Añadió que la presidencia “no debe prestarse a juegos políticos” y que su deber es velar por los intereses de la ciudadanía josefina.
Por su parte, el regidor frenteamplista Brandon Guadamuz afirmó que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la apelación presentada por el alcalde, agotando —según su criterio— la vía recursiva tanto administrativa como judicial. Indicó que el tribunal respaldó la competencia del Concejo para suspender al alcalde por falta administrativa, por lo que pretendían ratificar la decisión en la sesión anterior.
Guadamuz también lamentó que el cierre anticipado de la sesión impidiera conocer otros temas pendientes, entre ellos un dictamen para que la Municipalidad recibiera cuatro calles en La Carpio.
Consultado por Noticias, el alcalde Diego Miranda reiteró que el Concejo Municipal no tiene competencia para suspenderlo. Sostuvo que el tribunal resolvió aspectos de forma y no de fondo, y que el órgano municipal no es jerarca de la Alcaldía. A su criterio, permitir que el Concejo imponga sanciones abriría un precedente peligroso que podría afectar la institucionalidad y la voluntad popular expresada en las urnas.
Finalmente, el abogado Josué Bogantes explicó que, en materia sancionatoria, las competencias deben estar expresamente establecidas por ley y no pueden interpretarse de manera extensiva. Señaló que, en principio, el Concejo Municipal solo podría imponer sanciones al alcalde en casos de violencia política contra la mujer o acoso sexual, por disposición expresa del legislador.
De esta forma, el debate sobre la competencia del Concejo para suspender al alcalde continúa abierto, mientras los regidores insisten en conocer formalmente el expediente en la sesión extraordinaria convocada para esta semana.
