El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, defendió el pago de un almuerzo institucional que generó cuestionamientos y aseguró que, aunque no se violó ninguna norma, el contexto actual obliga a actuar con mayor cuidado en el uso de los recursos públicos.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, ha enfrentado una serie de cuestionamientos e investigaciones desde que asumió el cargo en enero de 2025, lo que ha generado polémica dentro y fuera de la institución.
Entre los principales señalamientos se encuentra una investigación del Ministerio Público por presunto incumplimiento de deberes, relacionada con una votación en el Consejo Universitario en la que el jerarca no se habría abstenido pese a un posible conflicto de interés. A esto se suman otras indagaciones vinculadas al reconocimiento de beneficios laborales dentro del régimen salarial académico, así como críticas por decisiones administrativas, aumentos salariales y algunos nombramientos dentro de la estructura universitaria.
Las críticas se intensificaron en las últimas horas tras revelarse el pago de una actividad en un restaurante que rondaría los ₡800 mil, situación que incluso fue mencionada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.
El tema también generó debate dentro de la propia universidad. Este jueves el rector se presentó ante el Consejo Universitario para referirse a lo ocurrido y defendió que se trató de una actividad institucional normal.
“La Universidad de Costa Rica, como anfitriona, ofrece un almuerzo. Participamos cerca de 25 personas y tuvo un costo de 573 mil colones. Son actividades absolutamente normales en el mundo universitario”, afirmó Araya.
El jerarca agregó que, aunque el gasto es legal, reconoce que el contexto actual exige mayor cuidado en el uso de los recursos.
“Jurídicamente es válido y no se violentó ninguna norma institucional, pero tenemos claro que las cosas cambiaron”, señaló.
A la polémica se suma información que trascendió en medios de comunicación sobre la aprobación de un pago retroactivo cercano a los ₡7.876 millones, pese a advertencias de la Contraloría General de la República sobre una posible ilegalidad.
Ante esto, Araya explicó que el proceso se realizó conforme a los procedimientos internos de la universidad, mediante una modificación presupuestaria que contó con el aval de la Contraloría Universitaria y fue aprobada por el Consejo Universitario.
Las decisiones del rector también han generado diferencias dentro de la comunidad universitaria. El representante estudiantil ante el Consejo Universitario, Nickolas Guevara, cuestionó el gasto realizado desde la rectoría y advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la imagen de la institución.
“Este tipo de situaciones hacen un daño reputacional a la Universidad de Costa Rica y nos colocan en una posición delicada frente a la opinión pública”, manifestó.
Según Guevara, aunque el gasto podría ser legal, el debate trasciende la normativa.
“Aquí no se cuestiona la legalidad, se cuestionan aspectos morales, políticos y éticos, especialmente en un momento en el que la ciudadanía exige mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, concluyó.
Las decisiones del rector, incluida su posición en torno a la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), han generado diferencias con distintos sectores universitarios, en medio de un contexto que diversos analistas califican como una etapa de tensión institucional dentro de la universidad.
