Debido a la pronta salida de los 57 legisladores actuales, aumenta la discusión en torno a si existe, o no, una pensión especial para ellos.
¿Reciben los diputados una pensión tras dejar su cargo? La consulta ha aumentado debido a la pronta salida de los 57 legisladores actuales, que lleva a preguntarse si los legisladores reciben una remuneración como sucede con la presidencia de la República.
Según la Ley de Pensiones para Expresidentes (N° 313) y sus reformas, los expresidentes de la República tienen “derecho a disfrutar de una pensión mensual igual al ingreso de un diputado (dietas y gastos de representación), a partir del mes inmediato siguiente a la finalización del período presidencial correspondiente”.
“En este momento, el único cargo público que tiene una pensión vitalicia y otorgada al finalizar su cargo con independencia de su edad y de haber hecho cotizaciones para ese régimen es el cargo de presidente de la República o presidenta de la República, en este caso se establece una pensión que equivale a la cantidad de ingresos que tiene un diputado mensualmente, que incluye los ingresos ordinarios más las dietas por las sesiones en las que participan”, explicó el abogado especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.
En el caso de los diputados, existió una ley especial llamada “Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional”, emitida en 1992.
A partir del artículo 19 original, se establecía la posibilidad de los diputados de acceder a una pensión especial “igual a un treintavo de la remuneración mensual, multiplicado por el número de años servidos en la Administración Pública”.
Así fue hasta que, en 1996, los diputados de entonces aprobaron la “Derogación del Régimen de Pensiones de los Diputados” (N° 7605), según detalló el director jurídico de la Asamblea Legislativa, Freddy Camacho.
“Actualmente no existe una norma jurídica que habilite una pensión especial para los diputados o las diputadas, pues el régimen que existía fue derogado hace 30 años con la Ley 7605 del 2 de mayo de 1996, así que a partir de esa fecha, las diputaciones quedan incluidas en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la CCSS, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona trabajadora, le aplican las mismas reglas de cotización, de años de cotizar, del monto de la pensión, de los eventuales ajustes que podrían existir”, explicó.
Eso sí, quienes están pensionados al momento de ocupar el cargo de legislador pueden solicitar la suspensión de su pensión, y al final del período pedir una revisión del monto.
El proceso de derogatoria
Dentro de los diputados presentes en el Congreso durante el trámite de la derogatoria estuvieron Ottón Solís, Francisco Antonio Pacheco y Antonio Álvarez Desanti.
Álvarez comentó a Columbia cómo fue el proceso de discusión del texto hace más de 30 años.
“Sí recuerdo que para nosotros, para los legisladores de ese periodo 94-98 de todos los partidos políticos, estábamos valorando y buscando eliminar privilegios, entre ellos recuerdo que quitamos pasaportes diplomáticos y otras cosas para los diputados y, sin lugar a dudas, la Ley de Pensiones de Diputados era uno de los privilegios más odiosos que existía en ese momento y hubo un consenso legislativo y hoy puedo recordar algunos nombres: a Gerardo Trejos, que en paz descanse, a Luis Gerardo Villanueva, Bernal Aragón y mi persona, que trabajamos decididamente para alcanzar el consenso y lograr la derogatoria de la ley y, por supuesto, que la firmara el presidente José María Figueres”, relató.
“Poco se habla de ella, pero significó la eliminación de uno de los privilegios más odiosos que tenían los diputados, que significaba que si trabajaban 10 años en la función pública y habían sido diputados se podían pensionar con el salario del diputado, o sea, esto realmente era una desigualdad y un privilegio inaceptable y odioso y logramos que la Asamblea Legislativa, me parece que fue unánime la votación, eliminar uno de esos privilegios odiosos”, agregó el exdiputado.
Según Álvarez, él, Luis Gerardo Villanueva y Bernal Aragón fueron quienes trabajaron en la propuesta, cuya discusión se dio por la convocatoria del Poder Ejecutivo.
