Cinco abogados que figuran como querellantes o denunciantes en la acusación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), conversaron con Noticias Columbia sobre la decisión de la Fiscalía y las expectativas que tienen con el proceso.
El Fiscal General interino, Warner Molina, les notificó el 2 de febrero la acusación contra el presidente de la República, Carlos Alvarado y el exministro de la Presidencia, Víctor Morales. Conforme a la ley, les dio un plazo de 10 días hábiles para que puedan ampliar o aclarar las querellas si así lo consideran necesario.
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Los abogados Grigory Chaves Chaverrri (izq.), Gustavo Corella Vásquez (arriba a la derecha) y Francisco Dall’Anese presentaron una querella en conjunto.
Chaves calificó como oportuno el proceder de la Fiscalía. En cuanto a la querella, dijo se presentó al considerar que el decreto que creó la UPAD tiene una “violación directa” al artículo 24 de la Constitución Política porque le otorgó la potestad “de imponerse de todos los datos personales de los ciudadanos”.
“Así como usted lo está escuchando Vea lo grave de este asunto”, añadió.
El artículo de la Constitución dice lo siguiente:
Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
“Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento”.
El abogado es del criterio de que la Fiscalía debe solicitar el impedimento de salida del país al mandatario pues, considera que existe la posibilidad de que viaje al exterior cuando finalice su mandato. Dijo que esta aseveración la hizo con base en notas de prensa que se hicieron sobre ese tema.
Gustavo Corella afirmó que la Fiscalía tomó una decisión acertada al presentar la acusación. Añadió que la tesis del Ministerio Público se asemeja a la expuesta en la querella.
Agregó que es recurrente la queja ciudadana de que los casos sonados no avanzan y por eso resalta que el de la UPAD llegó a una etapa importante.
En el caso de Francisco del exfiscal general, puede repasar su posición en esta amplia nota que publicamos la semana anterior: Dall’Anese sobre acusación contra el Presidente: «Se demuestra la igualdad ante la ley»
“Es una vergüenza nacional que el Presidente esté acusado”
La abogada Gloria Navas, actual diputada electa, es otra de las querellantes en el caso de la UPAD. Ella representa a una agrupación denominada Movimiento Ciudadano CR.
Navas calificó como histórico que haya una acusación en contra del Presidente de la República por presuntamente haber promulgado un decreto que incluía elementos contrarios a la ley.
Satisfacción por avance
Yashin Castrillo, uno de los denunciantes, resaltó como positivo que la causa judicial esté avanzando.
“Se ha cumplido con esta etapa procesal, por lo menos, en un inicio. Quienes estamos en la persecución penal a propósito de una denuncia para que se investigaran estos hechos, debemos, de una u otra forma, sentirnos satisfechos… no de que se esté acusando a una u otra persona, sino de que el Ministerio Público haya cumplido con su función y haya actuado”, expresó.
Por este caso, la Fiscalía General solicitó a la Corte Plena que revise la acusación y la traslade a la Asamblea Legislativa con la solicitud de que se levante la inmunidad a Alvarado y Morales.
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