El PLN presentó, este martes, un proyecto de ley para utilizar este modelo en el desarrollo de distintas obras de infraestructura.
La búsqueda de que se fomenten proyectos en las distintas provincias del país mediante la consolidación de alianzas público-privadas, promovida por Liberación Nacional (PLN), genera algunas dudas.
¿En qué consiste este modelo? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Cuáles son sus regulaciones?
Para responder estas interrogantes y profundizar en el sistema de alianzas público-privadas, en Noticias Columbia conversamos con el abogado experto en Administración Pública, Josué Bogantes.
El especialista inició detallando qué son estas alianzas y cómo se diferencian de otros modelos de contratación pública.
«Para entenderlo en términos muy simples, las alianzas-público privadas consisten en instrumentos en el que convergen el interés privado con el interés público, permitiendo que amalgamando, tanto capital público como capital privado, se pueda constituir, normalmente, una sociedad. ¿Para qué? Para dar la prestación de un servicio público o la construcción de una obra pública. Se diferencia entre otros tipos de contrataciones públicas porque no, necesariamente, coincide con el pago de una contraprestación en dinero a favor de la adjudicataria o de la empresa privada. Aquí es una amalgama de esfuerzos en el que se comparten riesgos, se beneficios, tanto para esa satisfacción del interés público como un interés que se ve satisfecho también por la parte privada, en el cual se desea cubrir una necesidad pública», detalló Bogantes.
El abogado agregó que los beneficios para la parte privada pueden incluir flexibilizaciones tributarias, programas de aseguramiento para sus colaboradores y demás elementos que se aplican, principalmente, en otros países como Irlanda y República Checa.
Según Bogantes, existen una serie de ventajas y desventajas en el modelo de las alianzas público-privadas.
«Entre las ventajas, podríamos encontrar que donde el Estado, la administración pública, sea cual fuere, no ha logrado satisfacer un servicio público o no ha logrado construir una obra pública necesaria para la colectividad y existe posibilidad en el mercado que diferentes sujetos privados puedan reunir esfuerzos, con la administración, para materializar y consolidar ese servicio o la obra. Es una gran ventaja, donde no ha podido llegar el Estado por alguna limitación, incluso en materia presupuestaria, ahí es donde se puede reunir esos esfuerzos con el sector privado. Normalmente, como una desventaja se ha visto que los procedimientos de elección son un poco engorrosos, en el sentido de que aplican las mismas reglas de la contratación pública. Entonces, los periodos para presentar ofertas, los periodos eventualmente para hacer subsanaciones, objeciones, incluso hasta carteles y, a posteriori, la escalerilla recursiva que se puede desplegar a partir del acto final, eso se ha visto que es un poco engorroso y que tal vez no es tan llamativo para el sector privado», mencionó Bogantes.
Además, el abogado experto en Administración Pública afirmó que en el país no existe una ley que regule las alianzas público-privadas.
«Lo que hemos tenido, en los últimos años, son dos reglamentos. El Reglamento para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las alianzas público-privadas para el Desarrollo del Sector Público y el Reglamento para los Contratos de Colaboración público-privada. Esos son reglamentos que, en su momento, se emitieron a partir del Artículo 55 de la ya derogada Ley de Contratación Pública, que regulaba los tipos abiertos en contratación, es decir, de forma residual todos aquellos contratos administrativos que no estaban regulados en la ley y que podían satisfacer una necesidad pública, se podían regular mediante un reglamento», añadió el abogado.
En mayo del 2023, los diputados votaron aprobaron ampliar el plazo cuatrienal del expediente presentado por Liberación Nacional.
En esa oportunidad, la fracción del Frente Amplio (FA) se posicionó en contra de la iniciativa; sin embargo, ante la consulta de Noticias Columbia, señalaron que revisarían el texto nuevamente.
De igual manera, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, también votó en contra, en ese momento.
El legislador justificó las razones que lo hicieron tomar esa decisión y abrió la puerta para analizarlo en esta oportunidad.
«En ese momento, creo, me acuerdo que lo voté en contra porque tenía muchas inconsistencias. Creo que estaba mal redactado, me parece y era un proyecto que no estaba maduro. Yo sí estoy de acuerdo en que hayan alianzas público-privadas. Yo creo que es una de las formas de hacer infraestructura en el país y de que esto camine. El nuevo proyecto que está presentando el PLN lo vamos a revisar, pero en principio, si no viene con las falencias y los criterios negativos que tenía el proyecto anterior, entonces podríamos apoyarlo», destacó Pacheco.
