El proyecto fue aprobado en primer debate este martes, y podría enfrentarse a un veto del Poder Ejecutivo.
Tras una larga jornada que finalizó pasadas las 9 de la noche del martes, con 28 votos a favor y 15 en contra, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto que pretende excluir al país de la lista de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal.
Dentro de los detractores de este proyecto están el oficialismo y la bancada del Frente Amplio, por considerar que se incluyó una liberación a ciertas empresas del pago de tributos.
El trámite por delante
Según la analista política Kattia Benavides, no se aprobaron mociones de consultas, por lo que el proyecto será sometido a segundo debate el próximo jueves 7 de septiembre.
“Sin embargo, existe la posibilidad de que 10 señores y señoras diputadas, si tienen a bien realizar una consulta facultativa a la Sala Cuarta para ver vicios de constitucionalidad, lo podrían hacer antes de que inicie esta discusión en segundo debate, más no ha trascendido que esto vaya a suceder”, expresó la analista.
Esta misma posición fue explicada por el politólogo Alejandro Molina.
Una vez aprobado en segundo debate, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo, el cual tiene 10 días para brindar un veto parcial o total a la iniciativa, según Benavides.
Asimismo, la analista se manifestó sobre el panorama en caso de que el Poder Ejecutivo no apoye el proyecto.
“Se había acordado con la Unión Europea tener la ley publicada antes del 8 de septiembre, y debido a estos atrasos podríamos estar incumpliendo con estos plazos establecidos, lo que no permitiría que en la próxima reunión de octubre la Unión Europea puede estudiar el caso de Costa Rica y sería hasta la siguiente reunión donde analizarían el caso puntual de nuestro país”, indicó Benavides.
Molina también hizo alusión a la necesidad de un trámite rápido del proyecto.
“Si el proyecto termina siendo vetado se corre el riesgo de que la reforma no quede en firme antes de la fecha límite para enviar a la Unión Europea la solicitud de reevaluación de la situación del país”, expresó Molina.
En otras palabras, si no se cumplen los plazos Costa Rica continuaría como jurisdicción no cooperante en materia fiscal para la Unión Europea hasta la reunión del próximo año.
Para revertir un veto del Ejecutivo, se necesitan 38 votos para resellarlo (aprobarlo a pesar del criterio del Gobierno). Caso contrario, el proyecto se archiva.
La presidenta de la Comisión Especial que estudió los proyectos de la materia, Daniela Rojas, espera que no exista un veto por parte del Poder Ejecutivo.
“Nosotros apelamos y esperamos que exista responsabilidad y conciencia por parte del señor ministro de Hacienda y que no haga una recomendación de vetar este proyecto. Sin embargo, si lo vetan existen los votos en esta Asamblea Legislativa para poder resellarlo y que los tiempos sean acorde a los solicitados por la Unión Europea”, expresó la socialcristiana.
