Este lunes, los diputados iniciaron la discusión por el fondo del expediente 21.550, denominado Aprobación del protocolo de Nagoya sobre participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
Este texto es un acuerdo internacional complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica, ya ratificado por Costa Rica desde 1992.
Surgió en 2010 en la ciudad de Nagoya, Japón, y fue firmado por nuestro país en el 2011.
Su objetivo es la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos biológicos.
Según la legisladora Sonia Rojas, el Protocolo pretende permitir investigaciones de la biodiversidad en Costa Rica, “donde las partes (Japón y Costa Rica) puedan hacer investigaciones y tomar datos importantes, como plantas, que puedan servir para industrializar, comercializar”.
Si hay ganancias, se distribuyen de manera equitativa y justa, según Rojas.
El diputado oficialista Manuel Morales señaló que la aprobación del Protocolo implica beneficios como el seguimiento de las muestras, además de beneficios monetarios.
Según Morales, su no aprobación implicaría la salida de nuestro país del control de los recursos.
Para la diputada del PUSC, Melina Ajoy, es necesaria su aprobación por los incentivos que se generarán y por el desarrollo sostenible.
El proyecto salió de la Comisión de Relaciones Internacionales para pasar al Pleno.
Años atrás (en 2011 y en 2016), este Protocolo fue rechazado por la Comisión de Ambiente, debido a las objeciones de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas, quienes señalaron que los recursos de la biodiversidad serían tratados como mercancías.
La diputada liberacionista Sonia Rojas señaló que el Protocolo permite el ingreso al conocimiento de los pueblos indígenas, sin embargo, no han obtenido la opinión de estos, y el proceso ha sido muy rápido.
El Reglamento de la Asamblea dispone hacer una consulta vía correo electrónico.
Sin embargo, esta vía genera problemas, lo que interrumpe la posibilidad de diálogo con estas poblaciones.
Según Rojas, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) no contestó y son varios pueblos originarios que deben tomarse en cuenta.
La discusión de este proyecto continuará este martes en el Plenario Legislativo.
