Partidos manejan excepciones en sus estatutos para limitar que participen personas con ciertos antecendentes.
A raíz de la participación de personas en partidos políticos que figuran en investigaciones por distintos casos, han surgido consultas sobre la posibilidad de que estas aspiren a la Presidencia o una diputación.
El jefe del Despacho de la Presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Andrei Cambronero, explicó que las prohibiciones para participar en las elecciones se encuentran en la Constitución Política y existe un margen para que las agrupaciones políticas agreguen otros requisitos.
«El TSE ha señalado que los requisitos de postulación a los diversos cargos de elección popular están previstos en el marco jurídico. Particularmente, en el caso de la Presidencia de la República, las diputaciones a la Asamblea Legislativa, esas exigencias de nominación están previstas en la Constitución política. Por ello, la autoridad electoral solo puede exigir ese tipo de requisitos que están, como se insiste, previstos en el ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de ello, también es cierto que la autoridad electoral ha señalado que las agrupaciones políticas pueden depurar su oferta al electorado estableciendo en sus estatutos y normativa interna requisitos adicionales a los que están previstos para las nominaciones en el marco jurídico nacional. Sin embargo, estas exigencias internas de los partidos deben corresponderse con el derecho de la Constitución. Puntualmente, por ejemplo, se ha señalado que es posible que un partido exija que la persona que desee postularse por esa agrupación no tenga sentencias condenatorias en firme, pero que no es legítimo que se exija que la persona no tenga causas abiertas ante las diversas instancias judiciales porque esto violaría el principio de inocencia», detalló Cambronero.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal, señaló que no existe prohibición en la Constitución Política para que personas con investigaciones judiciales participen en procesos electorales.
Sobre la posibilidad de que los partidos establezcan esto como un requisito, el experto mencionó que no es un proceso sencillo.
«Es complejo que el requisito sea simplemente no tener un proceso en contra, porque la la forma más sencilla eh evitar que una persona llegara a un puesto sería denunciarla incluso falsamente y con solo eso ya no podría acceder al cargo, aún cuando sea una persona que se encuentre limpia. Entonces, aún esa regulación tendría que ser una regulación adecuada; por ejemplo, que indique que la persona no puede tener un proceso que haya llegado al grado de acusación por parte del Ministerio Público o algún otro requisito similar a ese. Otro aspecto que no se ha planteado mucho recientemente, pero que creo que podría estar en boga, es que podría ser que dentro del proceso penal en cuestión se dicten medidas cautelares que, de una u otra manera, suspendan el ejercicio de ciertos derechos para la persona durante un determinado momento, o también un procedimiento llevado por la Contraloría General de la República que derive en una sanción con un impedimento para ejercer cargos públicos durante un determinado momento. Esos serían, eventualmente, causales que sí podrían impedir que una persona accediera a un cargo», afirmó el abogado.
Uno de los casos que ha llamado la atención es el del candidato a diputado por el primer lugar en Alajuela del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Arturo Campos.
Él figura como investigado en el caso Richter, el cual consiste en un proceso por un aparente delito de cohecho.
En Noticias Columbia consultamos por este caso al presidente del PUSC, Mario Loría, quien indicó que Campos no figura en una causa formal, por lo que debe respetarse su presunción de inocencia.
Eso sí, el líder socialcristiano afirmó que existen estatutos dentro del partido para evitar que personas con causas penales abiertas aspiren a un cargo de elección popular.
«Cuando se abrió la apertura para las postulaciones a precandidaturas a la Presidencia en el PUSC, se estipuló que las personas deberían de ser íntegras, diferentes requisitos y entre los cuales estaba señalado que no contara con causas penales abiertas ni judicializadas. Además de esto, recordemos que en el artículo 35 de nuestro estatuto sobre las faltas y las sanciones, se estipula que cualquier persona por algún daño ético, moral o alguna sanción, se puede llevar al Tribunal de Ética, donde puede ser amonestado por escrito o amonestado de manera pública. Además de eso, se le puede dar una suspensión temporal, una revocatoria de su militancia en el partido o hasta una expulsión del partido», indicó Loría.
En el Partido Pueblo Soberano (PPS) también figuran personas en expedientes judiciales, como la candidata a diputada por Heredia y exjerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel; así como el expresidente de la República, Stephan Brunner, quien busca ser legislador por el tercer lugar de San José.
Consultamos al secretario general del partido, Francisco Gamboa, sobre la posición de la agrupación ante este tipo de casos para aspirantes a cargos públicos; sin embargo, no hubo respuesta.
Otros partidos como el Frente Amplio (FA) también cuentan con restricciones de participación para algunos casos, según explicó su presidenta, Patricia Mora.
«Tanto en nuestros estatutos como en el reglamento que acaba de imperar en nuestra en nuestra convención nacional, está claramente establecido que cualquier persona que quiera postularse para un cargo público por nuestro partido tendrá que, obviamente, entregar su hoja de delincuencia, presentar una certificación de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social, una certificación judicial que demuestre que carece de sanciones por hostigamiento o acoso sexual ordenadas en su contra, una certificación de carencia de medidas cautelares por violencia doméstica, una declaración jurada de compromiso con el Código de Ética de nuestro partido Frente Amplio. Es decir, las personas que intentan postularse por nuestro partido requieren estar absolutamente libres de cualquier causa judicial», aseguró la frenteamplista.
