Abogados constitucionalistas explicaron en qué consiste esta figura. Además, diputados dieron su posición sobre esta posibilidad.
El reciente audio filtrado en el que se escucha, en apariencia, a Luis Amador hacer referencia a un intento de que los diputados remuevan al presidente de la República, Rodrigo Chaves, siguen generado polémica.
En el contenido, se escucha como, presuntamente, el exministro de Obras Públicas y Transportes dice que los legisladores pueden quitar al mandatario si lo declaran con una incapacidad mental.
En Noticias Columbia, conversamos con dos abogados constitucionalistas para conocer si es posible que una situación así se presente y cómo sería el proceso.
El experto, Rubén Hernández, señaló que la Constitución Política sí establece este escenario; sin embargo, aseguró que no existe un mecanismo como tal establecido para llevar a cabo este proceso.
«El artículo 121, inciso 8 de la Constitución, dice que el presidente puede ser destituido si se declara que no tiene capacidad física o mental para ejercer el cargo. Como nunca ocurrió el asunto o el procedimiento no está regulado, ni en la Constitución ni en el reglamento interno de la Asamblea, ni en la ley, posiblemente la declaratoria tendría que estar precedida de un dictamen técnico que expresamente diga que, efectivamente, el presidente no está en capacidad física o mental de ejercer su cargo. Creo que en este caso, posiblemente, la Asamblea acordaría consultar al Colegio de Médicos para que rinda un dictamen», explicó Hernández.
Por su parte, el también constitucionalista, Marvin Carvajal, agregó que este mecanismo podría ser aprobado, al no estar claro en la Constitución ni en otro reglamento, por la mayoría de los diputados presentes al momento de una votación de este tipo.
Además, detalló la manera en la cual podría solicitarse que se lleve a cabo una discusión para este fin.
«Dentro de los aspectos que no fueron regulados adecuadamente está ,por ejemplo, quién puede solicitarle a la Asamblea Legislativa que inicie ese trámite en relación con el presidente de la República, si es un particular, si son solamente las personas diputadas, quiénes pueden hacerlo, quién lo puede hacer para que efectivamente pueda iniciar ese procedimiento, quién tiene legitimación para poner en marcha es procedimiento. Segundo, tampoco establece cuál sería el trámite que se le daría. Debería, por supuesto, si llegara un trámite de esa naturaleza, ser conocido por la Presidencia del Directorio y la Presidencia del Directorio debería emitir una resolución indicando cuál sería ese procedimiento. Esa resolución puede ser apelada ante el Plenario. La resolución debería establecer que una entidad independiente y técnica pueda revisar, efectivamente, si se está en esa condición», mencionó Carvajal.
Diputados de distintas fracciones legislativas se refirieron a esta posibilidad.
Para la liberacionista, Monserrat Ruiz, es necesario enfocarse en temas de mayor importancia y respetar los procesos democráticos.
«Desde la Asamblea Legislativa, debemos enfocarnos en salir adelante con proyectos relevantes en temas como la seguridad, la educación la salud, la inversión social y otros. Costa Rica no necesita más show político ni dimes y diretes. Es evidente que el propio presidente de la República ha degradado la discusión política a la descalificación, al insulto, a los ademanes y al irrespeto. Necesitamos menos discursos de odio y más trabajo, menos conflictos y más propuestas. Personalmente, he sido muy crítica del actual gobierno, pero respeto que es la administración electa en las urnas», afirmó la verdiblanca.
Además, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, también descartó esta posibilidad.
«Como diputado de la República, nunca se me ha pasado por la mente plantear alguna alternativa que pudiese desencadenar algún proceso de destitución del presidente de la República, don Rodrigo Chaves, hasta el día de hoy. Me parece que tanto a él, como al Poder Ejecutivo y a nosotros como diputados de la República, nos corresponde cumplir con el mandato del pueblo costarricense de buscar las soluciones de forma oportuna. Creo que aquella persona que se atreva a decir que, a través de meterle carbón a los diputados y diputadas se pudiera inhabilitar mentalmente al señor presidente de la República, no tiene conocimiento del funcionamiento de un estado democrático de derecho», destacó García.
Para el diputado oficialista, Daniel Vargas, las presuntas declaraciones de Amador son lamentables y habló sobre la opción de remover al presidente Chaves.
«De mi parte, nunca he escuchado ningún comentario, ninguna iniciativa en la Asamblea Legislativa, en ese sentido y espero no hacerlo nunca. De las declaraciones de don Luis Amador, me parecen muy desacertadas, en realidad, este país es un país que respeta su Estado democrático social de derecho, en donde las personas se eligen por cuatro años y debe respetarse ese principio fundamental. Me parece, repito, desacertado de parte del señor Amador y espero que retraiga sus comentarios y sus palabras», manifestó Vargas.
Finalmente, el analista político, José Andrés Díaz, aseguró que una situación de este tipo podría generar posiciones muy divididas y marcadas en la ciudadanía.
«Desde la Segunda República, desde 1949, nunca ha sucedido algo por el estilo. (…) No tenemos claro cuál sería el procedimiento. Habría que empezar, la propia Asamblea posiblemente a construir cuáles van a ser los actos, hacer las consultas ante los entes jurídicos y técnicos. Lo más importante, también tendríamos que ver cómo lo manejaría la sociedad, como de diferentes conflictos sociales y políticos que pudieran surgir en eso, sobre este tema, serían gestionados desde la institucionalidad para que las personas aceptaran un cambio de un presidente por una situación como esa», afirmó el politólogo.
