El proyecto se encuentra en el Plenario legislativo, a la espera del primer debate; Corte Plena solicitó a los diputados pronto trámite.
Para el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD), la reforma para endurecer el régimen sancionatorio dentro del Poder Judicial tiene varios vicios.
Se trata del proyecto de “Ley de Régimen Sancionador de Personas Servidoras e Integrantes de Listas de Suplentes, Elegibles y Meritorias del Poder Judicial” (exp. 24.860), presentado por el liberacionista Rodrigo Arias y a la espera de entrar al primer debate.
Proyecto apoyado por Corte Plena
Su trámite fue motivo de audiencia del magistrado Jorge Leiva ante los jefes de fracción, donde se explicó el proyecto y se solicitó su pronto avance.
Según el jurista, la iniciativa busca actualizar la lucha contra la corrupción a lo interno del Poder Judicial, que no se realiza desde hace 30 años, dando seguridad jurídica a los participantes y unificando procedimientos a lo interno del Poder Judicial.
El magistrado indicó que el texto cuenta con el criterio unánime de la Corte Plena, y que estaría modificando la tercera parte del Poder Judicial, lo que se traduce en alrededor de 300 artículos.
Dentro de las modificaciones se incluiría la posibilidad de solicitar información bancaria de funcionarios públicos y un registro especial.
“Se estaría estableciendo un registro público de personas despedidas del Poder Judicial por temas de corrupción, y además se establecería algo que hoy no tenemos y es una prohibición de reingreso, en este momento han habido situaciones en donde de repente se despide alguien por un asunto de corrupción o por cualquier otro tema y en cuestión de unos meses o unas semanas esa persona está con otro nombramiento en otra parte del Poder Judicial, porque no tenemos una norma con rango legal que limite ese ingreso, ¿qué es lo que queremos? Que si la persona es despedida con un tema de estos que tenga que estar fuera del Poder Judicial un plazo de 10 años, y que para reingresar va a tener que empezar de cero, haciendo todos los exámenes, todas las revisiones de antecedentes, todos los temas que tendría que hacer una persona de primer ingreso”, detalló.
Oposición
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) se opone al proyecto de ley.
El secretario general de la agrupación, Jorge Cartín, alegó que se habilitarían violaciones a derechos de los funcionarios, como el debido proceso y la defensa.
“Por ejemplo, se permite la exclusión de las personas de estas listas de espera sin nombramiento activo, suplentes elegibles monitorias, que no tengan un procedimiento formal y eso lo consideramos como una sanción encubierta para estas personas; se limita el derecho a impugnar resoluciones interlocutorias restringiendo el acceso a recursos administrativos; se omite la obligación de notificar personalmente el acto inicial de cualquier procedimiento a las personas que están implicadas, lo sustituyen por un correo institucional y esto para nosotros vulnera las garantías legales; también la finalidad de este régimen sancionador enfatiza mucho en lo punitivo, cuando realmente un régimen disciplinario lo que tiene que buscar es disciplinar, no castigar”, alegó.
“Se omite considerar la buena fe como uno de los principios importantes que tienen que estar en este tipo de procedimientos; también consideramos que los actos administrativos permiten motivaciones suscintas en actos de efecto propio, lo que podría generar nulidades, porque esto lo que haría es que evita que haya una debida y adecuada fundamentación de cada uno de los actos administrativos”, añadió.
Cartín agregó que los plazos para aplicar las sanciones se extienden hasta un año, lo que violenta la seguridad jurídica.
Entre otras observaciones, el sindicalista se refirió a las costas y a intervenciones de otros países.
“También el tema de la soberanía nacional que consideramos que es sumamente importante, para nosotros es muy peligroso que un proyecto de ley de esto sea tomado de base de situaciones que se han implementado en otros países, en este caso los Estados Unidos, porque hubo una intervención directa de la embajada, ¿qué tiene que estar haciendo el gobierno de los Estados Unidos diciéndole a nuestro Poder Judicial cómo tiene que ser su régimen disciplinario? Mucho menos ayudándole a que haga un proyecto de ley, eso nos parece que es una violación de la Constitución y una intromisión en la soberanía nacional”, cuestionó.
En trámite
El proyecto fue dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, y se encuentra en el Plenario legislativo, a la espera del primer debate.
El presidente de la comisión, Danny Vargas, manifestó que el proyecto permitirá “una mayor transparencia y una carrera judicial más ética y apegada a los valores de esa institución”.
Además, espera que esta semana el proyecto sea discutido y votado en primer debate, y si no, que el Ejecutivo convoque la iniciativa en las sesiones extraordinarias, que iniciarán el próximo 1 de noviembre.
