Abogado especializado en derecho constitucional, Julio Córdoba, explicó a Noticias Columbia que iniciativa promovida por diputados liberacionistas tendría choques con artículo 16 de la Carta Magna.
El proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 23.800, que pretende retirar la nacionalidad a los extranjeros naturalizados que sean encontrados culpables por crímenes relacionados con tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en otros países, podría tener roces con la Carta Magna.
Así lo indicó el abogado experto en materia constitucional, Julio Córdoba, ante una consulta de Noticias Columbia.
Según el especialista, retirar la naturalización iría en contra del artículo 16 de la Constitución Política.
“No es lo mismo la forma en que se adquiere la nacionalidad que ser nacional. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad costarricense? Se adquiere por nacimiento, por ser hijo de costarricenses, por naturalización o por ser hallado en territorio nacional. Esas son, a groso modo, cómo es que se llega a ser tico”, aseguró Córdoba.
El abogado agregó que “cuando la persona es costarricense le opera el artículo 16 de la Constitución Política que establece que esta nacionalidad no se puede perder, es irrenunciable. Entonces, lo que buscaría este proyecto que me parece inconstitucional, establece que una persona es costarricense pero si comete cierto tipo de delito, dejaría de serlo. No parece ser entonces una nacionalidad con las formalidades que una constitución establece, sobre todo como la nuestra”.
La propuesta busca que, al retirar la naturalización, sea más viable expulsar a la persona de suelo costarricense. Según Córdoba, lo ideal sería que la iniciativa busque previsiones para brindar la nacionalidad.
“Si quisieran tener algún tipo de previsión con respecto a la extranjería a la que se le otorga la nacionalidad, deberían trabajar en ese tipo de punto y no a nivel constitucional. Desde mi punto de vista, el proyecto es inconstitucional porque estaría estableciendo dos tipos de costarricense y eso es absolutamente contrario con los artículos 33 y 16 de la Constitución Política”, mencionó el especialista.
Córdoba añadió que “obviamente, al perder la nacionalidad costarricense tendría una facilidad para ser expulsado del territorio nacional, porque no estaríamos hablando de una extradición, ya que el costarricense no puede ser expulsado del país, pero si no es tico, sí se puede”.
Precisamente, desde el Tribunal Supremo de Elecciones se pidió incluir artículos para que se limite el acceso a la naturalización a extranjeros que sean culpables de ciertos delitos o que estén en procesos judiciales.
Así lo indicó el diputado del Partido Liberación Nacional, Danny Vargas, proponente de la iniciativa.
“En las consultas con el TSE, que tiene a cargo el Registro Civil y ve la gestión de naturalización, la iniciativa de ley fue acogida de muy buena manera, pero inclusive los magistrados y técnicos nos pidieron ampliar la reforma. Nos pidieron ampliar para dos aspectos muy puntuales y es que no se otorgara la naturalización para una persona que haya sido condenada por delito doloso con pena privativa de prisión superior a tres años, en los últimos 10 años, ya sea en Costa Rica o en el extranjero”, destacó el verdiblanco.
“Aquí empezamos una ruta de ponerle algunos registros de mayor fiscalización para los extranjeros que quieran naturalizarse. Otra observación que se toma en cuenta y se aplicó en el texto sustitutivo es que no se otorgará la naturalización a aquellas personas que tengan procesos judiciales penales pendientes, dentro o fuera de Costa Rica”, añadió Vargas.
En el sistema cerrado de cárcel de Costa Rica, hay 15.768 personas, de las cuales 2.190 corresponden a extranjeros, es decir, el 13.8%, según datos del Ministerio de Justicia suministrados a Noticias Columbia.
