“El proyecto duplica instituciones que nos dificultan a los operadores del sistema la aplicación del texto y puede generar baches de impunidad”, dijo la jueza penal, Rosaura Chinchilla, en la Asamblea Legislativa.
Durante la campaña electoral, el ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometió luchar contra la corrupción en el sector público.
Para esto, el mandatario había sugerido que se diera recompensas a quienes denunciaran actos ilícitos y, por el contrario, castigar a los funcionarios que callaran irregularidades en las instituciones.
Con este fin, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley denominado Ley de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción, el cual está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Allí comparecieron la jueza penal del Poder Judicial, Rosaura Chinchilla, y Carlos Tiffel, de la maestría de Ciencias Penales de la Universidad Costa Rica.
Los expertos dudan de la efectividad de la propuesta y aseguran que su impacto será mínimo, ya que las leyes que propone ya están contempladas en el país.
“No aporta absolutamente nada nuevo de lo que ya tenemos, no hay ningún estudio que determine que por esa vía se va a lograr combatir efectivamente la corrupción, duplica instituciones que nos dificultan a los operadores del sistema la aplicación del texto y puede generar baches de impunidad”, dijo Chinchilla.
La jueza agregó que la forma en que se plantea el expediente podría tener efectos adversos a los que persigue.
“Tiene efectos contrarios e incorpora incentivos económicos, eventualmente, que tiene costo presupuestario e impactará negativamente la credibilidad del testigo y podrían desatar cacerías de brujas si no van rodeados de idóneos mecanismos de de verificación y contención del abuso con ánimo de lucro”, añadió.
Chinchilla recordó que actualmente ya es un delito, sancionado con cárcel, no denunciar un hecho de corrupción.
Por su parte, el profesor Carlos Tiffel dijo que el proyecto omite las implicaciones que trae un aumento de denuncias.
“La denuncia tiene un costo, tiene implicaciones. El solo hecho de presentar denuncias tiene un efecto a nivel judicial. Por ejemplo, ¿Qué mecanismos o medios el proyecto de ley está ofreciendo para garantizarle una mayor efectividad al Ministerio Público, suponiendo que va a haber una gran cantidad de denuncias?”, cuestionó el académico.
