Tres asociaciones sindicales impulsarán la iniciativa legislativa, que prevé cárcel de 18 a 36 años.
Sancionar con prisión el desvío de los fondos de pensiones es el principal objetivo de un proyecto de ley presentado este jueves por varias organizaciones del Magisterio Nacional y el sector sindical.
Se trata de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).
Sus representantes explicaron que la iniciativa legislativa tiene como fin penar con prisión de entre 18 y 36 años a quienes desvíen fondos de pensiones, obras sociales e infraestructura.
En entrevista con Columbia, la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Georgina Alvarado, comentó que muchos llegan a la adultez mayor sin fondos suficientes, debido a redistribuciones de fondos.
“Tenemos personas adultas mayores, que son las que comprenden en su mayoría ese grupo de personas jubiladas y pensionadas, que están condición de pobreza extrema, que están en condiciones precarias, que no tienen ni siquiera el alimento digno para llevarlo a sus mesas todos los días, y fueron personas que ya dieron su fuerza laboral y que construyeron el país que tenemos hoy en día”, explicó.
“Aportaron a su pensión y un día de repente no encontraron esos ahorros que realizaron o que lograron recaudar durante sus años de servicio; definitivamente necesitamos mano dura sobre esas visiones cortoplacistas y por esas visiones individualistas que muchas veces priorizan el interés de impulsar proyectos de momento, proyectos de ley, incluso proyectos de gobierno sobre la protección y la cobertura de las personas que ya dieron lo que tenían que dar en el ejercicio de sus funciones”, agregó la representante del SEC.
El presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), Miguel Sobrado, agregó que las personas han cotizado por años, pero los recursos no necesariamente fueron a un fondo de pensiones.
Por eso, proponen una reforma al artículo 356 del Código Penal para establecer penas de prisión de entre 18 y 36 años, inconmutables y sin prescripción, cuando se compruebe la malversación de este tipo de fondos, para alcanzar “justicia”.
“Ya no podemos hacer mucho por nosotros, pero sí podemos presentar una ley para que los educadores del futuro, los asalariados del futuro, los ciudadanos de este país tengan justicia, haciendo lo que han hecho en otros países y que ha sido efectivo, que es haciendo que la ley no prescriba y penalizando a los altos jerarcas; estamos proponiendo hasta 36 años de cárcel inconmutable, entre más arriba, más fuerte la pena”, apuntó.
Según los expositores, han recibido el respaldo expreso de cuatro candidatos a la presidencia: Ana Virginia Calzada (CDS), Douglas Caamaño (Alianza CR Primero), Ronny Castillo (ACRM) y Ariel Robles (FA).
También tienen cita con diputados de Liberación Nacional, Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana, aunque no detallaron con quiénes específicamente.
Los dos representantes sindicales hicieron un llamado a la población para acudir a las urnas el próximo 1 de febrero y votar por quien defienda las pensiones, y así fue el caso de Sobrado.
“Nosotros esperamos que los asalariados en general piensen su voto, tengan un voto responsable, en primer lugar, todos tienen que votar, y en segundo lugar, votar por aquellos que defienden nuestros intereses, no votar por los verdugos, sino por aquellos que están activamente defendiendo los intereses de los trabajadores”, pidió.
Los sindicalistas indicaron que el proyecto aún no ha sido presentado en la Asamblea Legislativa.
