Liberal Progresista deja ver supuestos intereses de terceros en proyecto planteado por el PUSC que, ante cuestionamientos reta a Feinzaig a dar nombres y apellidos sobre los supuestos beneficiados
El Congreso está dividido en dos por el proyecto sobre hidrógeno verde que propone el Partido Unidad Social Cristiana.
Los mariachis impulsan un plan con el objetivo de establecer la industria del hidrogeno verde en Costa Rica y lo venden como uno de los proyectos más visionarios de los últimos años.
La iniciativa crea cadenas de valor industrial innovadoras, a través de una economía verde que además, se estima promoverá entre 84 mil y 220 mil empleos sostenibles para el 2050.
La liberacionista Montserrat Ruíz defendió el plan.
“Esta ley sirve para promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde y aporta elementos claves: la seguridad jurídica necesaria para que tanto nacionales como extranjeros se desarrollen en esta actividad. Una señal clara para los mercados internacionales sobre el interés del país en desarrollar esta tecnología e impulsar múltiples empresas que ya han mostrado su interés en venir al país. No como se está diciendo que hay personas ya ganando dinero, si se va a decir eso digan nombres”, dijo Ruíz.
La legisladora Daniela Rojas, del PUSC, indicó que los argumentos que están dando las bancadas opositoras son falsos.
“Esta ley no está hecha para nadie, no es ningún traje a la medida y tampoco es verdad que esta ley se construyó alrededor de grandes bufetes, ni siquiera de privados. Esta ley es el resultado de un texto que se presentó a la Asamblea Legislativa y que luego fue en una mesa de negociación donde estuvo personas técnicas de diferentes ministerios y asesores legislativos de donde sale el texto final. También importante aclarar que este proyecto de ley no creará ningún tipo de subsidio que pueda traducirse en una carga para los costarricenses”, explicó Rojas.
Mientras que la diputada del partido Progreso Social Democrático, Paola Nájera, señaló los problemas que tiene el texto.
“Las plantas actuales integradas al sistema eléctrico nacional buscan satisfacer el suministro de energía nacional y las concesiones otorgadas tienen este fin, cambiar el uso de las plantas actuales para la producción puede poner en riesgo el suministro de electricidad y esto no ha sido valorado. Por otro lado, el desarrollo de una economía nacional de hidrógeno verde con poca información de demanda comercial impide aproximar el impacto económico y esto puede generar falsas expectativas”, añadió.
La fracción del Liberal Progresista dijo estar a favor del tema, pero se opone al proyecto impulsado por el PUSC.
Habla el jefe de la bancada Eli Feinzaig.
“Pero no es con este proyecto que se va a lograr, de hecho para mi este proyecto es de lo más vergonzoso que he visto en muchos años. Hicimos llegar nuestras observaciones con la esperanza de que el proyecto pudiera ser corregido y no fueron tomadas en cuenta. Este proyecto es un traje a la medida que ya tiene nombre y apellidos de los beneficiarios y políticos que lo andan promoviendo tras bambalinas y a plena luz del día”, indicó.
Las bancadas que están en contra solicitan que el proyecto se devuelva a comisión y no se vote para poder realizarle diferentes cambios en su redacción.
