Fuerza Pública y Tránsito permitieron llegar a pie frente a la Casa Presidencial pero impidieron el paso de tractores tipo «chapulín» y de los vehículos con parlantes.
Este martes, distintos gremios, sindicatos, organizaciones, partidos políticos y personas por cuenta propia, participaron en una manifestación contra el actual Gobierno. La marcha salió del Parque Central de San José, pasó por la Avenida Segunda, Los Yoses, la Fuente de la Hispanidad, la vía de Circunvalación y llegó a la Casa Presidencial en Zapote.
Las consignas fueron variadas, entre ellas, distintos problemas que enfrentan los agricultores y educadores. También hubo reclamos por las condiciones de la Caja Costarricense de Seguro Social y las Universidades Públicas, entre otras instituciones.
En la caminata fue posible observar a los candidatos presidenciales Ariel Robles, del Frente Amplio, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Cuidadana, Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, Boris Molina de la Unión Costarricense Democrática, Álvaro Ramos de Liberación Nacional y Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social. Además hubo varios diputados.
El punto álgido ocurrió aproximadamente a las 11:30 a.m. cuando la manifestación llegó al cruce de la Cruz Roja en Zapote a unos 200 metros de la Casa Presidencial.
En el sitio había una plataforma de la Policía de Tránsito, de gran tamaño y un grupo de oficiales de la Unidad de Intervención Policial y la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad. El paso era permitido a pie pero no se dejó cruzar a quienes conducían los tractores estilo «chapulines» y las llamadas tumbacocos con parlantes para poner música y usar micrófonos.
Un grupo de personas se disgustó y comenzó a reprochar lo sucedido a los policías; otros trataron de mediar y buscar convencerlos para permitir el paso; hecho que no sucedió.
En un momento, hubo discusiones, gritos, algunos empujones o forcejeos que no pasaron a mayores, sin embargo, un hombre fue detenido por aparente resistencia. Varios de los asistentes a la protesta indicaron que se trata de un hombre de apellido Fallas, vinculado al sector agrícola.
Los asistentes a la protesta estaban molestos porque calificaban el movimiento como pacífico, de modo que la presencia de los chapulines y las móviles de sonido no iban a representar un problema o amenaza.
Ante la imposibilidad de tener altavoces frente a la sede del Poder Ejecutivo, los voceros optaron por hacer una conferencia de prensa en la vía pública.
¿A quién le responde la Policía?
Durante la confrontación, algunos manifestantes le decían a los oficiales de la Fuerza Pública que no debían impedir el paso de los vehículos y que tampoco tenían que apegarse a las órdenes del Gobierno porque el mando lo tiene el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desde el 1 de octubre pasado.
Esta posición fue acogida por los candidatos Boris Molina, quien es abogado y la candidata Ana Virginia Calzada, exmagistrada.
El Ministerio de Seguridad Pública había informado que el mando está relacionado con aspectos vinculados al proceso electoral pero que en las operaciones regulares, las decisiones siguen siendo de las jefaturas policiales. A pesar de eso, los aspirantes defendieron con vehemencia que los oficiales procedieron de forma incorrecta.
«El ordenamiento jurídico claramente señala que la Fuerza Pública pasa, en este período electoral, a manos de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones y así tenemos que respetarlo», dijo Calzada.
«Hemos visto dos grandes falencias. Una, un Poder Ejecutivo que, una vez sí y otra también irrespeta el ordenamiento jurídico y hace lo que le da la gana y otra, una carencia en cuanto a legislación. Necesitamos una reforma en materia jurídica para que la Policía tenga una sola cabeza», expresó Molina.
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Ante estas circunstancias, el TSE emitió un comunicado en el que explica que su autoridad está relacionada con asuntos del proceso electoral y no con el funcionamiento ordinario de la Policía.
Noticias Columbia conversó con el viceministro de Seguridad Pública, Erick Lacayo con respecto al operativo, la aprehensión de un manifestante y los cuestionamientos sobre el mando de la Fuerza Pública.
«Es el despliegue que ser hace, siempre que tenemos una manifestación hay un tema de cierres. Un cierre que hacemos en la Asamblea Legislativa, en otros momentos los hemos hecho en otros edificios públicos garantizando que haya una posibilidad de realizar la manifestación y una garantía de la seguridad a los edificios públicos y que no puedan generarse ahí roces innecesarios entre los participantes», indicó.
Lacayo aseguró que normalmente se permite el ingreso de personas pero no el paso de maquinaria que pueda causar algún riesgo para las personas.
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Otra de las quejas de los manifetantes fue que la Policía impidió el paso de chapulines que transitaban de Cartago a San José. Los vehículos fueron escoltados desde La Galera y tuvieron que estacionarse cerca del redondel de toros de Zapote.
