El análisis fue remitido a la Sala IV tras una acción presentada por el Colegio de Médicos.
La Procuraduría General de la República (PGR) coincidió con el Colegio de Médicos y Cirujanos en que el decreto del Ministerio de Salud que regula la receta digital obligatoria de antimicrobianos presenta serios problemas de constitucionalidad.
Según el criterio enviado a la Sala Constitucional, el decreto vulneraría derechos fundamentales como la intimidad, la autodeterminación informativa y la salud, al exigir que se incluyan diagnósticos, resultados de pruebas y alergias en un sistema centralizado, sin que exista una ley que autorice ni regule el uso de esos datos sensibles.
La Procuraduría también advirtió que este sistema funciona como una base de datos de información médica sensible sin suficientes garantías de protección. Además, validó que el colegio tiene legitimación para presentar la acción, ya que las disposiciones afectan directamente el ejercicio profesional y la relación médico-paciente.
El Colegio de Médicos cuestiona específicamente los artículos que obligan a consignar información clínica detallada en la receta digital y señala que esto pone en riesgo la confidencialidad médica, el secreto profesional y el acceso oportuno a medicamentos.
Así lo indicó el presidente de la organización, el Dr. Elliot Garita.
«El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ha luchado en todo momento por mantener la calidad de la medicina que se brinda en Costa Rica. Esto incluye el cuido hacia el paciente, razón por la cual hemos tenido una serie de diferendos con el Ministerio de Salud en el momento que salió el decreto para la venta de antibióticos a través de las recetas digitales.
No estamos, en ningún momento, en contra de seguir el proceso de la digitalización a nivel nacional, pero en este proceso la necesidad de dar datos de interés meramente entre el paciente y el médico que son de índole confidencial quedan expuestos, por lo cual hemos tenido que utilizar algunas herramientas legales para solicitarle al Ministerio que por favor evalúe la posibilidad de variar este decreto», afirmó Garita.
Adicionalmente, el presidente del Colegio de Médicos afirmó que mantendrán su lucha para salvaguardar los derechos de los pacientes y celebró la posición brindada por la Procuraduría.
«Ante la negativa y la exposición continua de la confidencialidad y los datos sensibles de los pacientes para poder realizar una receta digital para antibióticos, es que el colegio ha tenido que utilizar algunas herramientas legales como las acciones de inconstitucionalidad.
Recibimos la noticia por parte del Procurador General de la República cuando fue consultado al respecto a través de la Sala Constitucional, que definitivamente encontró que habían actos en ese decreto que violan la acción de confidencialidad de los pacientes. Seguiremos luchando para poder mantener la calidad de la atención, pero sobre todo para salvaguardar la integridad de los pacientes sin que esto conlleve a un deterioro de su salud», añadió el doctor.
El pasado mes de diciembre, luego de que el Colegio de Médicos presentara la acción de inconstitucionalidad, la ministra de Salud, Mary Munive, indicó que de momento se mantiene la obligatoriedad de utilizar la receta digital para la adquisición de medicamentos antimicrobianos.
Munive también aprovechó para defender la utilización de este nuevo modelo y reiteró que es seguro.
«Desde el 8 de noviembre, en Costa Rica, es obligatorio el uso de receta digital cuando a usted le van a prescribir medicamentos antimicrobianos, específicamente los antibióticos. Esto como una medida de salud pública para proteger a la población y fortalecer el uso responsable de estos medicamentos y con ello evitar la resistencia.
La receta digital es una herramienta que ordena, da trazabilidad o seguimiento y fortalece el control sanitario, permitiendo un acceso más seguro a tratamientos. (…) El pasado 10 de diciembre, el Colegio de Médicos y Cirujanos presentó una acción a la Sala Constitucional contra las disposiciones del decreto que regula la receta digital. Es una actuación que, para variar, respondió a una decisión antojadiza y a un análisis que, de alguna u otra forma, no valoró el impacto a la salud pública.
Como resultado, se ha generado confusión, desinformación y con consecuencias negativas en el acceso ordenado a estos medicamentos, trasladando a los pacientes los efectos de una actuación carente de visión institucional y sobre todo responsabilidad social. En consecuencia, y para recordar y aclarar esa confusión, la acción de inconstitucionalidad no suspende lo que tiene que hacerse y que se dijo desde el 8 de noviembre. Los profesionales en medicina y demás prescriptores deben continuar emitiendo recetas digitales para los medicamentos antes descritos y en el listado», indicó la jerarca.
