Presentó querella y acción civil fuera de plazo. Entidad estatal anuncia «investigación preliminar sobre lo acontecido».
El pasado martes se realizó la audiencia preliminar por el caso del robo de armas de la Academia Nacional de Policía en Pococí que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública (en la foto). Los hechos ocurrieron el 27 de febrero del 2021.
Un informe de la Fiscalía detalló que sujetos armados entraron al sitio y sustrajeron 16 pistolas, 10 subfusiles, chalecos antibalas, municiones y radios de comunicación.
Esta semana, el juez, Armando Fonseca Madrigal, determinó que el caso irá a juicio contra cuatro personas de apellidos González, León, Cortés y Madrigal. Había un quinto sospechoso en el expediente, de apellido Espinoza, pero falleció.
Los allanamientos se realizaron el 3 de marzo del 2021. “De acuerdo con la prueba obtenida hasta el momento por este despacho, Madrigal y León (quienes eran oficiales de la Fuerza Pública) habrían entrado en contacto con el grupo criminal y, al parecer, ayudaron a coordinar el ilícito”, decía el informe de la Fiscalía de Pococí.
¿Qué pasó?
Cuando la Fiscalía presenta una acusación, en un caso que afecta los intereses del Estado, se le comunica a la Procuraduría General de la República (PGR) para que informe si va a presentar una querella o acusación particular. También debe comunicar si se constituirá en “actor civil” para el reclamo económico por daños y perjuicios causados.
En la audiencia del martes, el juez determinó que la PGR (conocía como la abogada del Estado) presentó los documentos de forma “extemporánea”, es decir fuera del tiempo establecido para ese fin.
Noticias Columbia confirmó la información con el Poder Judicial. El jueves en la mañana enviamos un correo electrónico con varias consultas que mostramos a continuación.
¿Se ordenó la apertura a juicio?
Se ordenó la apertura a juicio de todos los imputados.
Si es así, ¿contra quiénes se ordenó el juicio y por cuáles presuntos delitos?
Imputados con apertura a juicio: González, León, Cortés y Madrigal. Se dictó sobreseimiento por muerte a un hombre de apellido Espinoza.
¿Quedó excluida la Procuraduría General de la República del proceso por presentar de forma extemporánea la querella y la acción civil?
Es correcto, la Procuraduría General quedó excluida como parte querellante y civil.
¿Esta decisión puede ser recurrida o ya es definitiva?
La decisión es definitiva, no fue recurrida.
Investigación
Este medio también envió el jueves una serie de consultas a la PGR con respecto a lo sucedido. La respuesta fue enviada por escrito este viernes a las 2:39 p.m. El texto está firmado por el procurador general Iván Vincenti.
“En primer lugar, la institución ha determinado la apertura de una investigación preliminar sobre todo lo acontecido en la tramitación interna de este caso y así establecer la procedencia de abrir un eventual procedimiento administrativo en el que se establezcan las eventuales responsabilidades disciplinarias, civiles y/o penales de los funcionarios asignados a dicho proceso.
”En segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, debemos aclarar, en aras de la transparencia y en relación con la trascendencia económica de la aludida causa penal que, según consta del oficio MSP-DM-DVURFP-ANP CFPP-DIR-ARM-249-2024 del 16 de diciembre de 2024 de la Academia Nacional de Policía del Ministerio de Seguridad Pública, el armamento reportado como sustraído “fue recuperado en su totalidad y devuelto a la Academia de Policía”, lo cual incide directamente en la eventual existencia de un daño económico reclamable.
”En ese sentido, se descarta que se haya dado una pérdida millonaria en perjuicio del erario público y la intención del Estado, en constituirse como actor civil en la referida causa, era a efectos de reclamar un posible daño social, estimado prudencialmente en la suma de un millón de colones (₡1,000,000.00).
”Finalmente, la PGR reafirma su compromiso con los más altos estándares éticos y jurídicos en la defensa técnica del interés público ante los estrados judiciales y otras instancias en representación del Estado en los juicios y demás.
