Con el voto de los 52 presentes, y luego de tres intentos, los legisladores aprobaron una moción para crear una comisión especial investigadora.
Los diputados dieron “luz verde” a la creación de la primera comisión investigadora de su período: ¿cuál será su misión?
Con el voto de los 52 presentes, y luego de tres intentos, los legisladores aprobaron una moción presentada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para crear una comisión especial investigadora sobre “presuntos nexos políticos y posibles acciones de evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico en el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales del 2021-2022 y 2025-2026”.
Las propuestas de investigación legislativa surgieron a raíz de los recientes cuestionamientos al partido de gobierno, por fotografías en las que se muestra al extraditable Goubin Tam Zhang en eventos de la agrupación.
Sin embargo, los oficialistas rechazaron dos mociones previas presentadas por la oposición y, en su lugar, impulsaron su propia propuesta de comisión que investigue a todos los partidos.
“Logramos que se aprobara una moción para generar una investigación del financiamiento de los partidos políticos en términos generales, ¿y por qué esto era importante? Porque a partir de la aprobación de la extradición de nacionales y el apoyo de la DEA, sin lugar a dudas el apoyo al gobierno de Estados Unidos hizo un cambio drástico en cómo se viene manejando el ataque al crimen organizado, a la legitimación de capitales y al narcotráfico, así que nos tocará entonces revisar los periodos 21-22, 25-26, y que salga lo que tenga que salir, porque este país lo que necesita es ver la realidad de cómo las estructuras del narcotráfico, del crimen organizado se le han metido hasta el tuétano a este país”, explicó la diputada del Partido Pueblo Soberano, Marta Eugenia Esquivel.
La comisión estará integrada por nueve diputados: cinco de Pueblo Soberano, dos de Liberación Nacional, uno del Frente Amplio y uno de las fracciones unipersonales.
Según la presidencia legislativa, será instalada el próximo martes 27 de octubre y, desde entonces, tendrá un plazo de seis meses para rendir informe.
¿Qué deberá tomarse en cuenta?
Ya en el período 2022-2026 existió una comisión investigadora de financiamiento electoral.
Desde el punto de vista del análisis político, el especialista Daniel Calvo manifestó que una integración mayoritariamente oficialista podría incidir en las decisiones que se tomen.
Según comentó, la pregunta consiste en para qué trabajará la comisión y qué tipo de efectos surgirán según el bando.
“Si será una comisión utilizada por el gobierno y por la oposición para labores únicamente de control político, para sacar cuál es el partido o figura política que tiene una fotografía que lo compromete de cara a personas ligadas con esas investigaciones, o si más bien en lugar de preocuparse se van a ocupar, y en razón de estos acontecimientos que se vienen planteando, que se viene especulando desde hace muchísimos años, se va a aprovechar la oportunidad para que en esta comisión se pueda avanzar sobre una serie de reformas en materia de financiamiento electoral, que ya ha presentado el Tribunal Supremo de Elecciones, y que imagino estos nuevos diputados también harán sus propios proyectos de ley y que esperamos pueda ayudar a que la legislación electoral se pueda ver fortalecida para que estos capítulos no se sigan repitiendo; lo cierto es que en la comisión legislativa en la Asamblea Legislativa anterior creada para dichos efectos no tuvo un avance sustancial ni tan siquiera relevante”, apuntó
Consultada por Columbia, la exdiputada socialcristiana Vanessa Castro se refirió a aspectos que deberían mantenerse y mejorarse en una nueva comisión investigadora.
Ella participó en la comisión especial de investigación del financiamiento electoral del 2022, que se creó en la Asamblea Legislativa anterior, por lo que recordó que las indagaciones deben ser rigurosas.
“Tiene que partir de verdaderas dudas que existan sobre el manejo que algún partido político hizo del financiamiento, bebe buscar el origen y la ruta de los aportes y tiene que determinarse o buscarse qué se pagó, quién pagó y por qué parece que violenta la legislación; ver si hay contraprestaciones, esto es muy importante, si hay un trato privilegiado de alguna manera, si hay algún tipo de contraprestación evidente para el que aportó, si hay privilegios, si hay nombramientos, si hay contratos a favor de esas personas o decisiones vinculadas precisamente a esos aportes; debe también establecerse responsables, quiénes tomaron las decisiones, quiénes son jurídicamente responsables, pero también quiénes influyeron en el aporte; deben comunicarse todo esto a la fiscalía y sugerir también los cambios normativos que se evidenciaron a lo largo del proceso y que pueden dar lugar a un proyecto de ley”, expresó.
La presidencia legislativa dio a las fracciones hasta el jueves 15 de octubre para remitir sus propuestas de integrantes.
