Reunión en la Contraloría General de la República evidenció diferencias de criterios entre Gobierno y ente contralor.
La contralora general de la República, Marta Acosta, así como otros funcionarios del ente contralor, recibieron este jueves al presidente de la República, Rodrigo Chaves, así como a miembros del Gobierno, como los jerarcas de Racsa, Hacienda, Planificación y demás.
Al inicio de la reunión, el mandatario agradeció que la misma fuera grabada y transmitida para conocimiento de los costarricenses, quienes no tienen mucha claridad sobre la labor que realiza la Contraloría General de la República (CGR).
Inicialmente, la contralora inició con una exposición en la cual fue enfática en que el ente no tiene ningún interés particular en realizar pronunciamientos activistas. Inclusive, Acosta afirmó que en los últimos 5 años han emitido unas 125 auditorías anuales, promedio que no ha variado durante la actual administración Chaves Robles. “No se ha realizado un activismo extraordinario para su Gobierno, don Rodrigo. Hemos estado haciendo el trabajo que nos corresponde”, defendió la contralora.
Ciudad Gobierno.
Uno de los temas en disputa ha sido la ejecución del proyecto Ciudad Gobierno. Durante la sesión, Acosta explicó que la administración realizó gestiones en una etapa de financiamiento y mecanismos de contratación sin claridad en cuanto a la preinversión, que corresponde a un paso previo.
“No habían documentos relacionados con los estudios de pre inversión de esta iniciativa actual. Había documentación escasa, incompleta”, señaló Acosta.
La contralora agregó que “la administración su deber de cumplir todas las etapas del proyecto de obra pública y asegurar las medidas de control interno”.
Escáneres.
Los escáneres fueron también un punto de discusión durante la sesión. Acosta mencionó que se basaron en artículos de la Ley de Contratación Pública para resolver sobre el desarrollo de la licitación de los mismos.
Además, indicó que “la declaratoria de interés público (realizada por el Poder Ejecutivo) no puede entenderse ni conducir a la selección de un contratista público o privado”.
“La administración no realizó un estudio de mercado, sino que realizó un sondeo que determina un precio promedio con base en una cotización de Racsa y otros dos operadores”, añadió Acosta.
Eso sí, la jerarca de la CGR afirmó que es importante que el Gobierno pueda avanzar en la colocación de los escáneres de una manera adecuada. “Es indispensable su adquisición, somos conscientes. No solo por seguridad, que es importante, es uno de sus fines principales, sino por razones fiscales y sanitarias. El Estado debe dirigir esfuerzos adoptando la vía jurídica viable para el efecto”, señaló Acosta.
No obstante, las justificaciones de la contralora no son suficientes para comprender que no se haya logrado avanzar con la implementación de los escáneres, según afirmó Chaves. “Para serle respetuosamente franco, su presentación me confirma la impresión de que son interpretaciones de la CGR, no del texto de la ley”, manifestó el mandatario.
El presidente de la República incluso declaró que la guerra de bandas en el país se debe a la falta de escáneres.
“Ustedes se anticiparon, obstruyendo uno de los desafíos de seguridad nacional y política pública de este país más grandes. La forma les ganó en el fondo para el bienestar del país. Con todo respeto”, señaló Chaves.
Finalmente, el mandatario lamentó las consecuencias ante la no implementación próxima de los sistemas de monitoreo.
“Es una interpretación que tiene consecuencias en la vida real de las personas, en la reputación del país, en la sostenibilidad de las exportaciones. Si nos cierran los puertos de Europa, ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo?”, cuestionó el presidente.
