El Presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó parcialmente la Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, por razones de constitucionalidad.
El proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 27 de abril, se llenó de polémica por incluir dentro de sus limitaciones de acceso a las investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las resoluciones administrativas, lo cual ha sido interpretado por muchos sectores como una limitación a la libertad de prensa.
El veto fue parcial, ya que no va en contra de toda la ley, sino que que se centró en los incisos b), e), f), g), h) e i) del artículo 8. Los cuales definían lo siguiente:
“b) Los datos personales de acuerdo con lo establecido en la Ley 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julio de 2011, así como los documentos y las comunicaciones privadas tutelados por el artículo 24 de la Constitución Política.
e) Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión
f) El secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, económico, bancario, fiduciario y propiedad intelectual.
g) Información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa. La información contenida en el expediente administrativo o judicial será confidencial, salvo para las partes, los representantes o cualquier abogado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 272. 1 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.
h) Información de carácter tributario contenida en los expedientes administrativos de carácter individual, que no sea de interés público o para fines estadísticos.
i) Patentes y derecho de autor.”
El veto parcial también fue firmado por la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
