- Chile alcanzó una cifra histórica de participación el domingo anterior tras sus primeras elecciones con esta medida.
Costa Rica acumula cinco procesos electorales consecutivos con un abstencionismo cercano al 40% en primera ronda, una cifra que aumenta aún más cuando el país avanza a segunda vuelta. Con las elecciones presidenciales del 2026 cada vez más cerca, crece la preocupación por la baja participación y vuelve a resurgir la idea del voto obligatorio como una posible solución.
En esta Asamblea Legislativa, el diputado Horacio Alvarado propuso una ley para obligar a los ciudadanos a votar mediante multas que irían directamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para financiar programas de formación electoral.
En ese momento afirmó: “Todo ciudadano costarricense tiene la obligación de ir a depositar su voto. Por eso presento este proyecto que sanciona de 1 a 3 salarios a quienes no tengan una justificación clara del por qué no fue a votar.”
El proyecto se presentó en 2022, pero fue archivado el 23 de septiembre de 2023 tras un dictamen negativo de la mayoría.
La diputada Gloria Navas votó en contra y sostiene que la medida no resuelve la raíz del problema.
“Usted no puede obligar a las personas a ir a las urnas. Sí es una obligación ciudadana, pero no para ser sancionada. Depende de los partidos y los candidatos despertar la sed de votar.”
El debate también involucra a especialistas en comunicación política. La politóloga Fanny Ramírez advierte que el país sí puede optar por esta opción, pero actualmente ni siquiera garantiza igualdad informativa entre candidaturas.
“Costa Rica y Honduras son los únicos países de la región sin una franja mediática electoral paritaria. Las personas no pueden votar por alguien que no conocen. Un 50% del electorado aún no ha decidido por quién votar porque no recibe la información necesaria.”
La politóloga Valeria Sibaja enfatiza que aumentar la participación por obligación no significa fortalecer el sistema político.
“Las personas pueden presentarse a votar solo para evitar una sanción económica, pero no porque crean que el voto va a cambiar algo. Aún podrían votar en blanco o nulo. Costa Rica atraviesa una crisis de representación y esto no la va a resolver.”
El constitucionalista Fabián Silva recuerda que la Constitución sí establece el voto como un deber cívico, pero el país nunca desarrolló la normativa que permita aplicarlo.
“Estamos en la obligación de exigir una ley que sancione a quien decida no emitir su voto. No se obliga a votar por un partido, se obliga a ejercer el derecho.”
La discusión se intensifica al ver lo que ocurrió en Chile, que implementó el voto obligatorio en sus elecciones presidenciales del domingo anterior. La participación alcanzó el 84,4%, la más alta en su historia: 13,3 millones de votantes de un padrón de 15,7 millones. En 2021, cuando votar era voluntario, la participación fue de solo 47,6%.
Aunque el caso chileno demuestra que la obligatoriedad puede aumentar la participación, expertos costarricenses coinciden en que el país debe discutir más que multas: debe evaluar si obligar a votar solventa la crisis de representación, desconfianza y desigualdad informativa que afecta a la democracia costarricense.
