Estado de la Nación presentó resultados de su informe, donde señala los problemas entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el impacto en el país.
El sistema político costarricense enfrenta una pérdida significativa de su capacidad para gestionar la política pública, implementar prioridades gubernamentales y construir acuerdo. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Estado de la Nación, presentado este jueves.
«La evaluación del desempeño de la administración Chaves Robles muestra que sus propuestas tienen bajo nivel de concreción, no se articulan en torno a un eje temático claro y presentan un bajo alineamiento con las demandas ciudadanas más urgentes. En el Congreso, su estrategia dificulta la negociación con las fuerzas de oposición. En tanto que la ciudadanía, cada vez más alejada de los espacios de diálogo, recurre con mayor frecuencia a los tribunales para resolver sus conflictos», indica el informe.
El Informe analiza las “entregas” del sistema político, definido como las leyes y decretos que impactan significativamente la calidad de vida de la población.
Los resultados señalan que la producción de entregas progresivas (o beneficiosas) se redujo a la mitad en la última década. Mientras que entre 2006 y 2014 se aprobaron en promedio 20 leyes promotoras del desarrollo humano por cada ley regresiva, después de 2014 la razón disminuyó a 10 entregas progresivas por cada entrega regresiva.
Durante la actual administración siguen produciéndose más entregas beneficiosas que perjudiciales. Sin embargo, el indicador alcanzó su nivel más bajo en 30 años, con solo ocho leyes y siete decretos progresivos por cada texto regresivo.
Confrontación entre Poderes
La confrontación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial alcanzó, durante 2024 e inicios del 2025, su punto más
crítico en varias décadas. El estudio señala que desde Casa Presidencial se presentan ataques y descalificaciones hacia las demás instituciones, lo que limita la cooperación.
«El Informe sostiene que la administración Chaves Robles “reconfiguró” el sentido tradicional de las conferencias de prensa. Lo que antes era un canal para comunicar la gestión gubernamental, se transformó en un escenario de confrontación política, donde el poder del megáfono presidencial se utiliza para dirigir críticas o ataques hacia otros poderes del Estado, instituciones autónomas, órganos de control y medios de comunicación», indica el informe.
Según el estudio, ante esta situación los otros Poderes e instituciones también respondieron, intensificando sus acciones. Un ejemplo parte desde la Asamblea Legislativa, en la cual se dieron más resello de leyes vetadas por el Ejecutivo.
«El Estado de la Nación advierte que esta dinámica de enfrentamiento constante erosiona los fundamentos del equilibrio de poderes y amenaza la cooperación que ha caracterizado al sistema democrático costarricense», señala el estudio.
Movimiento político desde Casa Presidencial
Según el Informe, desde Casa Presidencial se ha manejado un proyecto político destinado al continuismo, pero diferente de lo que tradicionalmente han empleado los partidos políticos para mantenerse en el poder.
«Más que promover una agenda de políticas públicas, apunta a construir un movimiento alineado al mandatario, con aspiraciones de continuidad heredable. Esta orientación introduce un cambio significativo en las prácticas de la política nacional y plantea tensiones con las normas que regulan la participación de las autoridades públicas en los procesos electorales», dice el informe.
“La Administración Chaves Robles ha adoptado una postura combativa frente a las regulaciones sobre beligerancia política, hasta el punto de calificarlas como una mordaza para el gobierno. El presidente de la República reniega de estas normas por considerarlas limitaciones injustificadas a su gestión, lo cual genera tensiones adicionales sobre el sistema electoral”, afirmó Ronald Alfaro Redondo, investigador del Estado de la Nación», agregó.
