Mientras en la Corte niegan que haya flexibilizaciones o «tratos favorables», Gerald Campos afirma que se trata de «la misma alcahuetería».
El Poder Judicial salió este viernes en defensa del proyecto de ley de ejecución de la pena, aprobado en la Asamblea Legislativa, al considerar que «ordena el sistema penitenciario y define reglas claras tanto para las personas privadas de libertad como para las instituciones que intervienen en esta etapa del proceso penal».
En un comunicado, la institución alega que el marco regulatorio “había sido señalado como una obligación por la Sala Constitucional”.
La ejecución de la pena es la fase que se da posterior a la firmeza de una sentencia condenatoria de los Tribunales de Justicia. Es el momento en que se define el lugar y forma en que se descontará. Implica el control jurisdiccional sobre la privación de libertad o de las medidas sustitutivas a la cárcel.
El Poder Judicial sostiene que esta ley no flexibiliza las normas vigentes ni establece tratos más favorables para las personas privadas de libertad «sino que brinda claridad sobre los derechos, deberes y procedimientos que deben observar todos los actores del sistema.»
Argumentan que hay un refuerzo de la seguridad jurídica al establecer que «cualquier beneficio, cambio en la modalidad de cumplimiento de la pena o incidente de libertad condicional deberá contar con una resolución debidamente motivada, sujeta a los recursos correspondientes».
La ley dispone la obligación de que los jueces y juezas visiten los centros penales al menos cada
seis meses, con el fin de verificar el respeto a los derechos fundamentales y, de ser necesario, ordenar medidas correctivas ante eventuales vulneraciones o situaciones de hacinamiento
Aunque en la Corte aseguran que la iniciativa se trabajó en coordinación con el Ministerio de Justicia, el jerarca, Gerald Campos, lanzó fuertes cuestionamientos a la legislación.
«Si hablamos del proyecto de ejecución de la pena, que propuso el Poder Judicial con ciertos diputados dentro de los que están Gloria Navas, es darle a Costa Rica lo mismo de siempre. Usted como ciudadano y todos los costarricenses saben que ha habido una alcahuetería en el sistema penitenciario, que aquí dejan a la libre, que salen, que no cumplen la pena y que los más peligrosos vuelven a la calle, reinciden y cometen hechos violentos», dijo.
«Lo que hizo la Asamblea Legislativa es legalizar la tramitología día que el sistema penitenciario ha tenido a través de la historia. Nosotros por aparte propusimos una ley del sistema penitenciario donde había cambios importantes y diferenciados contra esta ley de ejecución de la pena, pero el principal era obligar a los jueces de ejecución a que no se apartaran del criterio técnico (del Insituto Nacional de Criminología) para dar un beneficio carcelario», añadió.
Campos aseveró que no se vale decirle al pueblo: «‘Aprobamos una ley que viene a regular’. ¿A regular qué? Viene a legalizar lo que ya estaba».
Escuche aquí las declaraciones:
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles que vetará el proyecto de ejecución de la pena cuando lo pasen a su firma, por ende, los diputados necesitarán al menos 38 votos para resellarlo y que se convierta en ley de la República.
