El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, cuestionó que este seguro cubriría actos de ‘inoperancia’ por parte de ministros.
La contratación de una póliza para el gabinete presidencial, para gastos de defensa ante denuncias judiciales, sigue generando polémica.
El proceso se mantiene en consulta ante la Procuraduría General de la República (PGR), según ha señalado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
En nuestro programa, Por Tres Razones, conversamos con la diputada oficialista, Pilar Cisneros, así como con el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, para conocer sus posiciones al respecto.
La legisladora de Gobierno justificó la adquisición de este seguro. Según Cisneros, esto da la posibilidad a que los ministros tengan más confianza en denunciar actos irregulares sin temor a represalias judiciales.
«Contrario a lo que dicen los diputados de oposición, incluyendo al FA, esto no cubre cuando hay dolo. Yo quiero explicarle a los costarricenses qué es el dolo. Es cuando usted toma una decisión con intención de engañar, para hacer fraude, una simulación o una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas que es ilícito. Es decir, no cubre el deseo ni la corrupción, ni el deseo de hacer algo ilegal, ni el deseo de favorecer a alguien en particular», mencionó la oficialista.
Por el contrario, el diputado frenteamplista, Antonio Ortega, criticó al Gobierno por intentar contratar esta póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Para el legislador, los costarricenses estarían pagando por posibles actos de inoperancia realizados por los ministros.
«Nos parece que, al menos, se violentan cuatro normas. La Ley de Administración Financiera de la República y el Presupuesto Público, artículo 13, dice ‘todo encargado sin prejuicio de previsiones que debe tomar la administración. Todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores políticos deberá rendir garantía con su cargo o su propio peculio. El artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública habla de las responsabilidades del servidor ante terceros y será responsable personalmente ante terceros, el servidor público. El artículo 11 de la Constitución Política, el principio de legalidad, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone, no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Finalizo diciendo que a mí me sorprendió de don Nogui Acosta, que dice que no hay plata para el tren a Paraíso, que no hay plata para la educación, que no hay plata para nada y salió, como ‘Colacho’ diciendo que habían casi 250 millones de colones para alcahuetear a estos jerarcas con corona, usando la jerga presidencial», manifestó Ortega.
Finalmente, ambos diputados tuvieron posiciones encontradas por los recursos que se estarían gastando para esta póliza, los cuales ascienden a los 248 millones de colones.
«Resulta que con el regalito que le acaban de hacer al FEES, de darle 11.000 millones de colones más, a pesar del criterio de la Contraloría que decía que le tocaba el 0.3 y que el Gobierno le ofreció el 1%, con esos 11.000 millones de colones usted cubre ese seguro por los próximos 44 años», señaló Cisneros.
Ante estas declaraciones, Ortega afirmó que «no es comparable educación pública, que es una llave para el ascenso y la movilidad social, con alcahuetear ministros inoperantes, porque lo que sí cubre esta póliza, entre otras cosas, es cuando hay inoperancia».
