Especialista explica las diferencias y condiciones que rigen estos procedimientos tras el caso del diputado Oscar Izquierdo.
El despido del diputado liberacionista, Oscar Izquierdo, a su puesto de dirección en el AyA, generó dudas sobre los procedimientos que tienen los funcionarios públicos para congelar plazas o asumir otras labores mientras mantienen su nombramiento en otra institución.
¿Qué ocurre con sus salarios? ¿Quién aprueba estos traslados? ¿Es un derecho de los trabajadores?
Para contestar estas y otras consultas, en Noticias Columbia conversamos con el abogado en Administración Pública, Christian Campos.
El experto señaló que estos procedimientos están regulados y son posibles en todas las instituciones públicas.
Además, afirmó que hay diferencias con relación a permisos con goce y sin goce de salario.
«Hay casos muy excepcionales, eso sí, de permisos con goce salarial cuando un funcionario se tiene que trasladar a otro país a sacar un estudio muy especializado y parte del apoyo de la institución es mantenerle el salario para que se pueda apoyar en los gastos diversos que tendrá en los estudios especializados que va a llevar y que son en beneficio de la institución. Entonces, sí hay casos donde se autorizan por plazo de unos días y a veces hasta por uno, dos, tres años, lo que dure un estudio de doctorado o una maestría.
Pero son pocos los permisos con goce salarial, son de verdad muy pocos y sí están respaldados por la normativa, por lo general, propia de la institución pública que reglamenta los permisos con goce salarial relacionados, en la generalidad a los casos que conozco, a temas de educación, de estudios superiores.
Luego está el caso de los permisos sin goce salarial que también varía en las instituciones públicas. Algunas tienen convenciones colectivas, que estos temas todavía están ahí regulados, donde los plazos del permiso con goce salarial son bastante extensos; entre 1, 2, 3 años. Se pueden extender, se dan por un año y se pueden prorrogar cada año para efectos de revisar si se mantiene las mismas condiciones de la autorización.
Entonces, no es inusual que un funcionario público tenga un permiso sin goce salarial para ir a trabajar en otra institución pública o para incluso ir a lo privado a trabajar y luego regresar a la plaza que le corresponde», detalló Campos.
Es importante considerar que, cuando se otorgan estos permisos para ocupar puestos dentro de otra instancia pública, como puede ser la Asamblea Legislativa o un ministerio, el salario devengado en su anterior trabajo también se congela, es decir, el funcionario no recibe ambos pagos.
El abogado mencionó que para obtener el permiso es necesario tener una justificación que sea aceptada por la institución.
De igual manera, afirmó que no existen, en principio, límites sobre el plazo que se le otorga a los funcionarios para congelar su plaza.
«La justificación considera que el permiso se concede porque lo que va a ir a hacer la persona es útil también para la institución. Entonces, se permite que haya un permiso al funcionario porque eso que va a ir a hacer a otra institución pública o en el sector privado le interesa también a la institución, le es de utilidad.
No hay una sola regla sobre el plazo que se puede otorgar ese permiso sin goce salarial, lo que sí es común es que tiene que haber una justificación. Entonces, cuando hay un permiso sin goce salarial es porque la institución estuvo de acuerdo en los niveles de autorización de rigor en que ese permiso se diera», amplió el experto.
Finalmente, Campos apuntó que este congelamiento de plazas no es un derecho como tal de los trabajadores, por lo que quien toma la decisión es un superior dentro de la institución.
«Los funcionarios lo que tienen es un trámite que presentan a los niveles de autoridad que tiene la institución, donde desarrollan la justificación de por qué creen que el permiso se les puede conceder y es un superior, no es el funcionario, el que decide tomar esa licencia o permiso sin goce salarial. Si un funcionario tiene un permiso con goce salarial es porque la institución así lo ha en el sentido de que la institución valoró adecuado y positivo hacer esa autorización de permiso», agregó el abogado.
El caso del diputado Izquierdo ha sido el más mediático en los últimos días por su despido del AyA; sin embargo, otras figuras también mantienen sus plazas, como el caso de la legisladora independiente, Cynthia Córdoba, quien proviene del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Además, figuras del Poder Ejecutivo también están en esta condición, como el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien tiene plaza en la Defensoría de los Habitantes y la propia presidenta electa, Laura Fernández, en Mideplan.
