El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para adicionar al artículo 59 del Código Penal un apartado que elimine la posibilidad de brindar una Ejecución Condicional de la Pena en los casos de corrupción.
Con este cambio el Gobierno pretende que cualquier persona que cometa actos de corrupción en contra de la función pública, deberá ser castigada con la pena de cárcel y deberá retribuir a la sociedad el daño causado con su actuar ilícito, como lo explica el presidente Rodrigo Chaves.
“Le dicen ahí mismo no va a ir a la cárcel, le vamos a dar un beneficio, se llama Sentencia de Ejecución Condicional de la Pena y se concede a las personas que les dan menos de tres años de cárcel por los crímenes que hayan cometido, el Tribunal de Juicio tiene la potestad de decir, si si le vamos a dar tres años, pero váyase para la casa, lo acabamos de ver en las noticias reciente mente en algunos casos, eso es indígnate para el pueblo de Costa Rica”.
Noticias Columbia amplió el tema sobre lo que implica esta medida propuesta por el gobierno con experimentados abogados penalistas los cuales manifestaron que esto es una medida que va en contra de todos los principios del derecho penal costarricense.
Rodolfo Brenes conocido penalista y máster en la materia calificó la propuesta del gobierno como una acción de populismo punitivo “no busca entrarle verdaderamente al problema de la corrupción, si no que busca un efecto de anunció, un efecto de imagen que además en es contrario a todos los principios del derecho penal en un Estado democrático como el nuestro”.
Por otro lado, el también penalista Ewald Acuña, las condenas cortas por su naturaleza son ineficaces y no tienen mayor efecto de resocialización “me parece que va a generar una discusión que confió sea concienzuda y profunda en la asamblea legislativa sobre el tipo de política criminal que quiere definir el estado costarricense, si se opta por un derecho penal simbólico donde lo importante son las formas y los símbolos antes de las razones de ser del derecho penal y podríamos correr el riesgo de asumir posiciones que no son coherentes ni consistentes con la totalidad del ordenamiento jurídico”.
El proyecto aun no ha sido presentado en la corriente Legislativa para que los diputados inicien su discusión.
