La entidad acudió a los diputados para pedir acciones en torno al Fideicomiso Caja Costarricense de Seguro Social – BCR.
El Consejo Nacional de Juntas de Salud denunció que la construcción de nueva infraestructura de salud peligra si no se prorroga el Fideicomiso Caja Costarricense de Seguro Social – BCR.
Este fideicomiso inmobiliario comprende 53 obras de infraestructura, relativas a 30 Áreas de Salud, 18 Sucursales, cuatro Direcciones Regionales de Sucursales y un Centro de Logística, y tiene como fin aumentar la capacidad institucional.
Las obras, valoradas en 600 millones de dólares, incluyen la adquisición de terrenos, estudios preliminares, anteproyectos, diseños, construcciones, equipamiento y mantenimiento.
Para continuar con los proyectos, el fideicomiso debe prorrogarse por la Junta Directiva de la Caja antes del 23 de octubre, fecha de vencimiento del plazo de siete años, sin embargo, la Junta aún no discute el tema ni ha sesionado en los últimos días.
A criterio del Consejo Nacional de Juntas de Salud, esto pone en riesgo el desarrollo de las obras en desarrollo y las del 2025, razón por la cual acudió ante los diputados para pedir ayuda.
Durante la conferencia de prensa respaldada por el Frente Amplio, la presidenta del Consejo, Marcela Zamora, detalló el llamado de atención sobre el vencimiento del fideicomiso.
“La denuncia que estamos haciendo es que nosotros, el Consejo Nacional, desde el mes de junio estamos realmente buscando la información del fideicomiso, el fideicomiso vence el 23 de octubre y, sin embargo, a esta fecha todavía la Junta Directiva de la Caja, con todo lo que ha sucedido, no ha logrado realmente darnos una respuesta a nosotros, hemos tenido varias reuniones como personeros de Gerencia General, de Presidencia Ejecutiva, cada una de las juntas de salud está ahí detrás de todos los proyectos; estos proyectos ya tienen compromisos contractuales, nadie nos ha podido decir qué pasa si no se dan verdad los proyectos, qué pasa si no se da la prórroga, nos dicen que sería tan sencillo como pasar los contratos, sin embargo, sabemos que hay un dictamen de la Dirección Jurídica que dice que los contratos no se pueden pasar”, amplió.
En la actividad participaron representantes sindicales y de diferentes Juntas de Salud que se verían perjudicadas sin la prórroga del fideicomiso.
Uno de ellos fue Javier Fallas, presidente de la Junta de Salud de Acosta, donde llevan 30 años de lucha, según mencionó.
“Nosotros tenemos muy poca infraestructura hecha nueva, el área nuestra actual solamente son 400 metros cuadrados, el resto le pertenece al Ministerio de Salud, y nosotros en este proceso que hemos llevado varios años cumplimos con todo, ahorita simplemente lo que hace falta es que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Bomberos den el permiso ya para construir, todas las etapas se han finalizado, ¿y esto qué significa para nosotros? Un impacto fuerte, el 23 de octubre es la fecha en que la Junta Directiva de la Caja debe dar alguna resolución sobre el fideicomiso, imagínense ustedes para un cantón y el distrito de Vuelta de Jorco de Aserrí, que pertenece al cantón de Aserrí, que nos den esta amarga noticia de decir ‘bueno, quizás sí, quizás no’, es un juguete”, señaló.
Según los expositores, se han reunido con todas las fracciones legislativas, incluyendo al Gobierno, para externar su exposición.
Dentro de los legisladores que apoyan la denuncia están Kattia Rivera y Andrea Álvarez (PLN), Vanessa Castro (PUSC) y toda la bancada del Frente Amplio.
La subjefa frenteamplista Rocío Alfaro aplaudió la fiscalización que ha hecho el Consejo e indicó que esto se suma a las “irregularidades e intentos de desmantelar a la CCSS” que se investigarán en la Comisión sobre asuntos de la Caja.
Esa Comisión Especial Investigadora, creada este lunes, será instalada este martes y conformará por 7 miembros: uno por fracción y dos de Liberación Nacional. Los nombres que conformarían este órgano serían Ada Acuña (PPSD), Andrea Álvarez y Paulina Ramírez (PLN), Rocío Alfaro (FA), Diego Vargas (PLP), María Marta Carballo o Vanessa Castro (PUSC) y Fabricio Alvarado (PNR).
Por su parte, la liberacionista Paulina Ramírez calificó como “lamentable” el aparente riesgo que corren estas obras de infraestructura en salud.
