Hace un año, el presidente Carlos Alvarado enfrentó a los diputados y sus cuestionamientos por una investigación relacionada al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos o caso UPAD.
Se trató de una iniciativa que Casa Presidencial defendió como necesaria para tener datos estadísticos que permitieran tomar decisiones pero que fue atacado por la opinión pública por la posibilidad de que se vulnerara la confidencialidad y exhibiera información sensible de las personas.
En la Asamblea Legislativa, el Mandatario negó que se tratara de espionaje, que actuaron de buena fe.
El decreto que dio forma a la UPAD fue derogado por errores y
Un año después, la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda celebra que las investigaciones judiciales avancen a partir de las conclusiones legislativas.
La diputada agrega que además, políticamente, este Gobierno tiene que pagar la factura de ser recordado como el que violentó la privacidad.
La diputada de Liberación Nacional, Franggi Nicolás también considera que hay consecuencias políticas y que así quedó demostrado en el resultado electoral del domingo 6 de febrero.
El analista político Sergio Araya señala que el tema ha golpeado la imagen del Presidente y del país.
El diputado José María Villalta sostiene que es claro que la ciudadanía cobra a Acción Ciudadana su falta de transparencia.
Villalta agrega que desearía que la resolución sea más rápida para que se sienten las responsabilidades políticas y judiciales.
Finalmente, el experto en comunicación política, Mario Quirós señala que el caso UPAD vino a agravar los problemas internos de Gobierno.
El pasado 6 de febrero, el partido de Gobierno, Acción Ciudadana solo obtuvo 0.66% de los votos en las elecciones presidenciales y los expertos creen que casos como el de UPAD tienen que ver en este resultado electoral.
