Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente.
La Habana, 15 may (EFE).- La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP, Parlamento unicameral) aprobó este domingo, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal de la isla que prevé, entre otros asuntos, sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios.
Los diputados aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvo presente el presidente Miguel-Díaz Canel, y el exgobernante del país caribeño, Raúl Castro (2008-2018).
Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente.
Sus impulsores, por otro lado, lo califican como “garantista” y actualizador, ya que el anterior -de 1987- no contemplaba delitos medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género.
Originalmente el proyecto debió ser votado en abril en la ANPP, pero por motivos que no trascendieron su paso por el Legislativo se retrasó.
El nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días cuando será publicado en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”.
El presidente del Tribunal Supremo Popular de la isla, Rubén Remigio Ferro, señaló al presentar el proyecto de ley al plenario del Palamento, que refuerza el rigor de las sanciones relacionadas con la corrupción.
Asimismo refirió que establece como sanción máxima la de privación perpetua de libertad y mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte con carácter excepcional en el caso 23 tipos penales.
También prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
El nuevo código penal no ha recibido tanta difusión mediática oficial como el Código de las Familias, una reforma que también se está tramitando actualmente en la ANPP después de tres meses de un proceso de consulta popular donde se ha explicado el contenido de este texto.
De igual forma, a diferencia del Código de las Familias, este proyecto no será sometido a referendo.
