En criterio de dos constitucionalistas consultados por Noticias Columbia, legislación especial de pensión de expresidentes no haría diferencia entre quién ocupe el puesto por cuatro años o por siete meses como sería el caso de Stephan Brunner
La eventual renuncia del presidente Rodrigo Chaves plantea una interrogante jurídica sin precedentes: ¿podrían coexistir dos pensiones presidenciales activas al mismo tiempo?
El marco legal costarricense, específicamente las leyes 313 y 7302, establece el derecho a pensión vitalicia para quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de la República, una figura pensada como retribución por el servicio en la máxima función de elección popular.
Sin embargo, nunca en la historia del país un presidente ha renunciado antes de concluir su mandato, lo que hace que este escenario —cada vez más discutido ante las especulaciones sobre una posible candidatura legislativa de Chaves— abra una zona gris sobre cómo aplicar la normativa vigente.
El principal punto de tensión gira en torno al rol del vicepresidente. De concretarse la dimisión de Chaves, sería Stephan Brunner quien asumiría la presidencia, pero su derecho a recibir también una pensión como expresidente no está del todo claro.
Algunos criterios interpretan que el beneficio solo corresponde a quien fue electo directamente como presidente por el voto popular. Desde esa óptica, Brunner, al no haber sido la figura principal de la papeleta presidencial, no cumpliría con el requisito.
No obstante, otra lectura del marco legal defiende que tanto presidente como vicepresidente son parte de una misma fórmula, electa en bloque por la ciudadanía. Además, el vicepresidente que asume la presidencia ejerce plenamente las funciones del cargo, por lo que no habría razón para excluirlo del beneficio.
Este es el criterio que defiende y cobija el constitucionalista Luis Felipe Rodríguez.
“Esa segunda interpretación lo que plantea es que, aunque el vicepresidente haya asumido como presidente interino —aunque sea por siete meses— sigue siendo presidente para todos los efectos, y por lo tanto también tendría derecho a la pensión en los mismos términos.
En mi caso, si me preguntás mi opinión, considero que esa segunda alternativa es la que tiene más sentido desde el punto de vista constitucional, sobre todo tomando en cuenta precedentes de la Sala Constitucional y lo que te comentaba: que aunque sea un vicepresidente ascendido, sigue teniendo todas las competencias y responsabilidades propias del cargo. Además, fue electo en la misma fórmula y papeleta presidencial. Aunque no fue la figura principal, eso igual le da relevancia constitucional.”, apuntó.
El debate no es meramente técnico. También entran en juego consideraciones éticas y políticas, sobre todo en momentos en que el tema de las pensiones de lujo ya genera fuertes cuestionamientos públicos.
Esto es lo que apunta el especialista en materia constitucional, Fabián Silva.
“Pero la situación nos obliga a reflexionar sobre esa gran contradicción entre lo moral, lo ético y lo legal. En este caso, claramente hay una tensión entre esos planos.
Porque si una ley lo establece dentro del orden jurídico, deberá respetarse. Pero, ¿cuáles son los valores de una persona que, aunque haya ocupado la presidencia por pocos meses, decide acogerse a una pensión de por vida?
Tendremos dos tipos de respuestas: la de una persona proba y honesta, que jamás aceptaría ese beneficio en esas condiciones; o la de quien, sin reparo moral, simplemente se acoge al sistema y recibe la pensión sin cuestionarse nada.”, fue parte de la disertación de otro especialista consultado para la presente nota.
A la espera de lo que ocurra el 31 de julio —fecha que algunos marcan como clave para una eventual renuncia—, el país se asoma a una discusión institucional que podría sentar un precedente legal y político para futuras administraciones.
