Los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto que tiene como fin la protección de las personas menores de edad.
Los padres que permitan las relaciones impropias en sus hijos menores de edad tendrán consecuencias legales a partir de ahora.
Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de “Reforma al Código de Familia y Código de la Niñez y la Adolescencia para reforzar la protección de las personas menores de edad frente a las relaciones impropias” (exp. 24.193), de la diputada Rocío Alfaro (FA).
La relación impropia hace referencia a aquella relación desigual y de poder entre un adulto y una persona menor de edad, que es sancionada por la Ley de Relaciones Impropias (Ley 9406) debido a los riesgos que implica para el desarrollo de los más jóvenes.
Los parámetros generales implican la condena de una relación entre un menor entre los 13 y los 15 años y un adulto 5 años mayor; y la de un menor de entre 15 y 18 años y un adulto 7 años mayor.
Lo que busca la iniciativa recientemente aprobada es incluir dentro de la responsabilidad parental el deber de proteger a los menores de edad de esas relaciones, por lo que quienes no denuncien una relación impropia perderán su responsabilidad parental, es decir, el conjunto de deberes y derechos que ostentan los padres con respecto a sus hijos, según dijo la proponente del proyecto, Rocío Alfaro.
El proyecto contó con el apoyo de todos los legisladores presentes, independientemente de la agrupación política.
Durante su discusión, la diputada independiente Gloria Navas indicó que la iniciativa puede ayudar a evitar casos como el de la bebé Keibril.
Por su parte, la liberal Kattia Cambronero alegó su situación personal como parámetro para agradecer la aprobación del proyecto de ley. También hizo alusión a la necesaria responsabilidad de los padres en este tipo de casos.
La abogada especialista en Derechos Humanos, Larissa Arroyo, aplaudió el avance de la iniciativa, pero hizo algunas observaciones a la redacción del proyecto.
Según externó, hace falta la inclusión de perspectiva de género y cambios en la forma en que se redactan algunos aspectos, como “mala conducta”.
También alegó que se necesita un cambio cultural para que los padres entiendan las consecuencias de no proteger a sus hijos.
