Pilar Cisneros pone en duda eficiencia del Poder Judicial para resolver casos y luchar contra la criminalidad. “Más dinero no significa más eficiencia en el Poder Judicial, a quien nadie parece querer pedirle cuentas”, aseguró.
Aunque desde Casa Presidencial el llamado fue a dejar de culpar a otras instituciones por la ola de criminalidad y homicidios que sufre el país, el pedido parece no haber llegado a las curules oficialistas, donde, nuevamente, se apunta a posibles ineficiencias del Poder Judicial.
En esta ocasión fue la legisladora Pilar Cisneros, quien puso en duda los resultados que pueden dar más fondos en la lucha contra las principales amenazas que sufre el país.
“Ojalá la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se solucionara solo con dinero, sería tan fácil acabar con ellos. Varios diputados quieren desviar 20 mil millones de colones del pago de intereses de nuestra gigantesca deuda para dárselo al Poder Judicial y a Seguridad, pero les voy a demostrar que más dinero no significa más eficiencia en el Poder Judicial, a quien nadie parece querer pedirle cuentas”, afirmó.
La oficialista brindó una serie de cifras y datos con las que, aseguró, puede demostrar que el trabajo del Poder Judicial ha quedado en deuda y que la intención de otros legisladores será ineficiente.
“A partir del año 2000 su presupuesto se ha multiplicado dieciséis veces, óiganlo bien, pasando de 30,000 a 491,000 millones de colones, algo pocas veces visto en una institución pública. Aunque con ese montón de dinero aumentó la cantidad de jueces, el rezago judicial casi no baja y ronda en este momento los 750,000 expedientes. La cantidad de jueces en primera instancia por cada cien mil habitantes subió de 17 a 28, es decir, ni más ni menos que un 87%, entonces con más presupuesto hoy tenemos un millón 375,000 casos en proceso”, disparó.
Según Cisneros, el Poder Judicial tarda, en promedio, casi 3 años y medio en promedio y agregó que “aunque no me lo crean, búsquelo: encontré un caso pendiente de 1975, casi 50 años, y otros tres de 1981, más de 40 años sin resolver”.
Junto con estas críticas, la diputada afirma que el aumento del presupuesto se ha destinado a otros rubros y no a mejorar el sistema judicial.
“¿En qué se va todo ese dinero? Pues en mucho mejor salarios, ahí se va gran parte de ese dinero. Vean esto, costarricenses: el costo por funcionario judicial en el 2020 era 5 millones de colones ¿Saben cuánto es hoy? 30 millones de colones por funcionario. Les pagamos muchísimo mejor y yo pregunto ¿A cambio de qué, mejor servicio, más casos resueltos en menor tiempo? Ya vimos que no”, añadió.
