Director de la Policía Judicial desmiente publicaciones que circulan sobre supuesta orden de allanamientos «de alto perfil».
En los últimos días, distintas publicaciones en redes sociales y chats de mensajería, hablan de una supuesta orden de la Fiscalía General de la República para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allane la Casa Presidencial en Zapote. Los mensajes alegan que la información fue confirmada por oficiales de la Policía Judicial.
Aunque no hizo referencia directa a los posteos que mencionan a la Presidencia, en Zapote, el director del OIJ, Randall Zúñiga, reprochó que se hagan este tipo de publicaciones sin fundamento.
«Irresponsables y tendenciosos rumores (falsos) de que se va a allanar a alguien de alto perfil en Semana Santa. El OIJ es una policía técnica, científica, objetiva y no se presta para ningún juego político sucio», expresó en su cuenta de «X».
«Estamos por dicha en un país de Derecho y ojalá sigamos así, amén», añadió.
Los textos que están circulando hablan de que el supuesto allanamiento en la Casa Presidencial, sería un hecho «sin precedentes», pero se trata de un dato erróneo.
La sede de Gobierno fue allanada el 28 de febrero del año 2020 debido a la investigación por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Ese día decomisaron teléfonos y computadoras de varias personas, entre ellas el entonces mandatario, Carlos Alvarado.
La noticia falsa del allanamiento no es la única afirmación imprecisa que se mueve en redes sociales desde la semana anterior.
En la atención de prensa del pasado miércoles, una de las consultas que hicieron al presidente, Rodrigo Chaves, mencionaba que él es el único mandatario en ejercicio que ha sido acusado.
El dato, que no es correcto, causó malestar entre las personas que apoyan al gobernante pues consideran que la Fiscalía se ensaña con él.
En febrero del 2022, cuando aún estaba ejerciendo la Presidencia de la República, Carlos Alvarado fue acusado por los presuntos delitos de prevaricato (dictar una resolución contraria a la ley), fraude de Ley y abuso de autoridad por hechos relacionados con la UPAD.
El caso pasó a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia para su análisis y eventual traslado a la Asamblea Legislativa con solicitud de levantamiento de la inmunidad, no obstante, Alvarado terminó su mandato antes de que eso ocurriera. El expediente pasó a la vía ordinaria y sigue en trámite.
