Policía Judicial realizó allanamientos y detenciones este lunes en distintas partes del país.
Agentes judiciales efectuaron 19 operativos en Playas del Coco y Filadelfia en Guanacaste, Heredia, San José, Cartago y San Ramón. Los objetivos son: detener a 21 personas (15 hombres y 6 mujeres) y recopilar evidencias.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, comentó que es un caso de presunto tráfico de personas y trata con fines de explotación sexual.
Los sospechosos de liderar la organización son dos ciudadanos chinos, uno naturalizado costarricense y otro con residencia.
Al parecer, los sujetos utilizaban a menores para reclutar a otras mediante engaños.
«Las investigaciones relacionadas con este caso habrían iniciado en diciembre del año anterior, luego de que los agentes del OIJ de Heredia recibieran una denuncia por persona no localizada, en la que la ofendida era una menor de edad. Tras diversas diligencias de investigación, se obtuvo información que señalaba la existencia de una aparente red de explotación sexual», dice el reporte.
«En cuanto al modo de operar, se determinó que, supuestamente, tres mujeres menores de edad reclutaban a las víctimas a través de redes sociales y las invitaban a una supuesta fiesta en una propiedad ubicada en Heredia. Posteriormente, las imputadas les ofrecían asistir a otra fiesta con unos “amigos orientales” en el sector de Guanacaste», agrega la Policía Judicial.
Una vez en el sitio, las víctimas, en su mayoría menores de edad, habrían sido abordadas para mantener relaciones sexuales con otros sujetos o con el fin de producir contenido sexual que, presuntamente, era comercializado en diferentes plataformas de Internet.
«También, se pudo obtener información que indicaban que presuntivamente hubo víctimas del supuesto delito de violación», detalla el informe.
La Fiscalía explicó que el grupo tenía una casa en playas del Coco, donde, en apariencia, realizaba fiestas y otras actividades, en las cuales, presuntamente, se cometían delitos sexuales en perjuicio de las ofendidas.
Se cree que el grupo recibía montos entre los ₡250.000 y ₡500.000 por cada una de las víctimas, quienes, en su mayoría, son personas en estado de vulnerabilidad y riesgo social.
