El proyecto de ley será sometido a segundo debate esta tarde, con la posibilidad de enfrentarse a un veto por el Poder Ejecutivo.
Dos posiciones han dividido a los diputados de cara al segundo debate del proyecto que busca excluir al país de la lista gris de la Unión Europea.
Será este jueves, cuando el Pleno Legislativo le de votación en segundo debate al proyecto de lista gris, en medio de dos posiciones: el oficialismo y el Frente Amplio por un lado, y las fracciones de PLP, PNR, PUSC y PLN por otro.
Oficialismo y Frente Amplio
El Frente Amplio y el oficialismo sostienen que dentro del proyecto se incluyó un beneficio a ciertas empresas con operaciones en el exterior.
Durante la discusión del proyecto, el legislador frenteamplista Jonathan Acuña, presentó mociones para incluir en el texto la obligación de las empresas de pagar renta extraterritorial, es decir, impuesto por las ganancias que obtengan en el exterior (rentas pasivas extraterritoriales).
Este aspecto es una de las peticiones del Gobierno, y del oficialismo. Así lo reiteró a Noticias Columbia la diputada Pilar Cisneros.
“Estamos 100% de acuerdo con los cambios legales para poder salir de la lista negra. Lo que nunca apoyaremos y no estaremos de acuerdo es en el regalo de más de 21.000 millones de colones a varias empresas poderosas que hoy pagan impuestos cuando sacan sus capitales generados aquí al exterior y cuando lo regresan no pagan nada de impuestos. Es una barbaridad que en la situación en la que está el país nos atrevamos a regalarle a grandes empresas impuestos que ya hoy tienen que pagar”, explicó Cisneros.
Esta posición surge a partir de un voto de la Sala Constitucional, en la que se determinó que sí se pueden cobrar rentas extraterritoriales, a partir de un litigio entre bancos y Tributación, en el que los bancos consideraban que no debían cobrarse dichas rentas.
La posición de 4 fracciones legislativas
En entrevista con Noticias Columbia, la presidenta de la Comisión Especial que estudió el tema, Daniela Rojas, indicó que este voto fue aislado y vino a crear un nuevo impuesto.
“Básicamente en octubre del año anterior la Sala Constitucional, mediante un voto porque no ha sido mediante ley, creó un nuevo impuesto que en el país durante 30 años no había existido. Un impuesto que afectaría también a clase media que pueda tener rentas en el extranjero como también le podría afectar a empresas o instituciones públicas del Estado que tengan que tener, por su giro de negocio, cuentas en el extranjero”, indicó Rojas.
Por su parte, la legisladora liberacionista Paulina Ramírez, manifestó a Noticias Columbia que, si bien la situación del país frente a la Unión Europea se conoce desde el 2021, la actual administración tardó en actuar y presentar un proyecto de ley.
Asimismo, resaltó las consecuencias que a su criterio causaría la no aprobación del proyecto o su retraso.
“Perder la inversión extranjera a nuestro país, no solo la que puede llegar, la actual, porque hay mucha inversión extranjera europea que no podría ampliar sus negocios, no podía extenderse, ni siquiera crecer porque estamos ante una situación que para ello significa una sanción desde la Unión Europea”, explicó la liberacionista.
Ramírez tachó de “irresponsable” si el Gobierno veta el proyecto, por los perjuicios que considera tendrá el país.
