PUSC y PNR anunciaron proyectos para modificar ley de la Contraloría General de la República sin caer en vicios de constitucionalidad.
La Sala Constitucional evacuó este lunes las consultas a cuatro artículos del proyecto de ley Jaguar, que busca modificar parte de las competencias de la Contraloría General de la República.
Por mayoría, los magistrados de la Sala declararon inconstitucionales estos artículos, ante una consulta que había planteado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sobre el texto que iría a referendo popular vía recolección de firmas.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, relató que la revisión se realizó desde las 9 de la mañana y finalizó cerca de las 7 de la noche.
El magistrado explicó los motivos por los cuales decidieron declarar estos artículos como inconstitucionales.
«La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en todos los artículos consultados, concretamente en los artículos 2, 3, 4 y 5. Las razones de esta inconstitucionalidad tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría. Asimismo, la Sala Constitucional encuentra que en este caso también se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales. De esta manera, la sala resuelve dentro del plazo establecido por la ley esta primera consulta facultativa de constitucionalidad», detalló Castillo.
Desde el Tribunal reaccionaron a la respuesta de la Sala a su solicitud.
“Ante la comunicación hecha por la Sala Constitucional relativa a la consulta del proyecto de ley jaguar, el TSE informa que estudiará lo resuelto por la Sala Constitucional y esperará el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para pronunciarse”, anunciaron mediante un comunicado.
Las distintas fracciones legislativas también emitieron su posición ante lo dictado por la Sala.
El jefe de la bancada frenteamplista, Antonio Ortega, celebró este pronunciamiento.
«Esto nos da la razón a quienes hemos señalado, desde el primer momento, que la mal llamada ley Jaguar no es más que la intención de abrir un portillo a favor de la corrupción y de los corruptos, y que significaría un retroceso en materia de administración y contratación pública, pero también en materia de fiscalización y de lucha contra la corrupción y los corruptos», afirmó Ortega.
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Oscar Izquierdo, señaló que, a raíz de la determinación de la Sala, la bancada verdiblanca votará en contra del proyecto de ley Jaguar.
«En nombre de la fracción de Liberación Nacional, queremos dejar absolutamente claro que somos respetuosos de la institucionalidad de este país y de las decisiones que toma la Sala Constitucional. Se nos ha informado que la Sala ha decidido claramente que la ley jaguar es inconstitucional, lo cual implica necesariamente que vayamos a votar este proyecto en contra en la Asamblea Legislativa, por razones obvias, es inconstitucional», mencionó el liberacionista.
Desde el Partido Liberal Progresista (PLP), se señaló que están en disposición de ayudar al Gobierno a consolidar un texto que esté bien hecho y que permita avanzar en distintos proyectos de infraestructura, según señaló su jefe de fracción Luis Diego Vargas.
«Proyectos mal hechos no le ayudan al país. Con esa postura, la Sala da fe de que las preocupaciones eran realmente importantes para evaluar y para poder avanzar, y no votar los recursos de los costarricenses y no lo hacerlos perder el tiempo como país. Hoy nos ponemos a disposición del Gobierno para hacer equipo porque siempre lo hemos dicho, hagamos algo bien hecho», aseguró Vargas.
El jefe de bancada del Partido Nueva República (PNR), José Pablo Sibaja, lamentó que el Gobierno haya invertido tiempo y recursos en un proyecto con vicios de constitucionalidad.
Además, adelantó que trabajan en un proyecto de ley que cambiaría funciones de la Contraloría General de la República en cuanto a obra pública.
«Nos preocupa, enormemente, que la Sala, en este preámbulo que nos envía, dice que casi el 100% de todos los artículos tienen roces de constitucionalidad, lo que nos pone a pensar que qué lástima que el Poder Ejecutivo invirtiera tanto recursos públicos y tiempo en un proyecto de ley que, a todas luces parecía y ahora está confirmado, tenía roces de constitucionalidad. De parte de la fracción de Nueva República, hace un par de semanas hemos estado trabajando un proyecto de ley, que todavía está en construcción, para poder darle al Poder Ejecutivo, cual sea el gobierno de turno, la posibilidad de que la Contraloría deje de ser un lastre en la construcción de obra pública y más bien se convierta en un ente supervisor que pueda facilitar que las cosas se hagan cuanto antes», dijo Sibaja.
Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), anunciaron que este lunes martes presentarán un proyecto de ley que modificaría seis artículos de la Ley Orgánica de la CGR, así como otros de la Ley General de Contratación Pública, según anunció su jefa de bancada, María Marta Carballo.
«Ante la negativa de la Sala Constitucional con la ley Jaguar, estamos proponiendo una iniciativa que sea constitucional y que cumpla con lo dicho por la Sala. Es trascendental para el país avanzar sin tantas trabas en la construcción de obra pública, respetando siempre la fiscalización, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Esta iniciativa debe verse como una propuesta país, sin importar color político. No hay tiempo para mezquindades», indicó Carballo.
La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, indicó que desde el Gobierno se comunicarán de manera oficial hasta este martes a mediodía, en conferencia de prensa, sobre lo señalado por la Sala Constitucional.
«En este momento estamos analizando, estudiando y viendo cuáles son las opciones tras la resolución de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional algunos de los artículos incluidos en la ley Jaguar. Por lo tanto, hemos decidido no dar más declaraciones, hasta mañana (martes) al mediodía, cuando habrá una conferencia de prensa liderada por el señor presidente, don Rodrigo Chaves Robles y donde estaremos presentes también los diputados de la fracción oficialista», señaló Cisneros.
Hace algunos días, durante su gira por Guanacaste con motivo de la conmemoración por la Anexión del Partido de Nicoya, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aclaró unas declaraciones donde parecía que llamaría al pueblo a manifestarse, en caso de que la Sala declarara inconstitucional el proyecto de ley Jaguar.
«Yo no estoy invitando a los costarricenses a nada. Vamos a ver, puede ser que los llegue a invitar, pero en este momento yo no he dicho nada más que voy a observar la reacción del pueblo. El pueblo, la ciudadanía, tiene muchísimas maneras de expresar sus sentimientos y su voluntad. (…) Lo voy a ver con mucha calma y eso incluye muchas cosas, la gente puede salir a expresar su opinión en las calles, ojalá de manera muy pacífica», manifestó el mandatario.
La contralora general de la República, Marta Acosta, se mostró complacida con la declaratoria de la Sala.
«Nos satisface la decisión de la Sala Constitucional sobre las competencias de fiscalización con las que la Contraloría debe ejercer los controles previos, preventivos y posteriores, establecidos tanto en la Constitución Política así como en las leyes que rigen nuestras competencias. Hemos cumplido con seriedad nuestro rol en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo a futuro, cumpliendo con el principio de legalidad, la ética y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Los ciudadanos pueden tener garantía de que las actuaciones de la institución siempre pueden ser revisadas en instancias judiciales, como en un Estado Democrático de Derecho corresponde», indicó mediante un comunicado.
