Este miércoles, la Comisión que investiga el financiamiento político recibió a Eugenio Vargas.
Aunque en principio sería Calixto Chaves el motivo por el cual la Comisión que investiga el financiamiento de la pasada campaña electoral sesionaría este miércoles, otro compareciente tomó su lugar.
La Comisión recibió en audiencia al señor Eugenio Vargas Ramírez, identificado como el oficial de cumplimiento de Ata Trust Company S.A, la administradora del fideicomiso “Costa Rica Próspera”, relacionado con la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Según Vargas, su labor consistió en verificar el origen de los fondos que ingresaban al fideicomiso.
“Les puedo asegurar que todos los aportes a este fideicomiso son de dineros bien habidos, se hicieron los estudios correspondientes, así que en eso ustedes y todo el mundo pueden estar absolutamente seguros, en su momento se podrá demostrar con la documentación”, manifestó el compareciente.
Dineros del extranjero y de personas jurídicas
A partir de la consulta que le hizo el frenteamplista Ariel Robles, Vargas identificó ingresos provenientes de personas jurídicas y de personas extranjeras.
Según el compareciente, un ciudadano alemán de nombre Friedrich Hey donó $3.000 al fideicomiso.
En cuanto a personas jurídicas, Galería 3.000 hizo un aporte de $2.500, y Península Group donó 1.5 millones de colones, según externó Vargas.
Estos aportes, en principio, estarían vetados por el artículo 128 del Código Electoral: “Prohíbese a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad efectuar, directa, indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos. A los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, también les está prohibido otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio de cualquier clase para los partidos políticos. Los miembros del comité ejecutivo superior serán responsables de velar por el cumplimiento de esta norma.”
Su pena es de prisión de dos a cuatro años, según dicta el mismo cuerpo normativo en su numeral 274.
El compareciente además leyó una lista de contribuyentes, que en apariencia no coincideron con la que posee el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Esto llevó a que los diputados miembros aprobaran una moción para trasladar las actas de la audiencia tanto al Tribunal Supremo de Elecciones como al Ministerio Público.
Se espera que el próximo lunes vuelva a la Asamblea Legislativa el empresario Calixto Chaves, director de campaña y financista del PPSD, tras su fallida audiencia el pasado 23 de octubre.
