Esta mañana se confirmó el caso positivo de Covid-19 de uno de los jueces y su período de incapacidad provocaba una ausencia mayor al plazo que la ley permite para que un juicio esté suspendido. Por esta razón el debate fue anulado y se programó una nuevo a partir del 21 de marzo.
La información la confirmaron Rodolfo Alvarado, abogado del denunciante y Rafael Rodríguez, defensor del exsacerdote causado, Mauricio Víquez Lizano.
En Costa Rica, los debates judiciales no pueden estar interrumpidos más de 10 días hábiles. La última audiencia que se realizó por este caso fue el viernes 28 de enero.
Esto quiere decir que el viernes 11 de febrero se cumplía el plazo y el juez Henry Castro García no iba a estar disponible para asistir por la orden sanitaria que se le giró.
La audiencia de este miércoles, que habría cortado el período de suspensión, no se pudo realizar porque Castro estaba con una orden sanitaria de manera preventiva mientras le daban el resultado de la prueba.
En las circunstancias actuales, la normativa no permite que el juicio se desarrolle solo con dos jueces ni que haya un reemplazo, esto debido a que la nueva persona carecería de criterio sobre los hechos que no conoció.
Noticias Columbia supo que el abogado de Víquez, intentaría hacer una gestión para evitar que el juicio se repita, pero de momento no hay certeza de que prospere.
El caso
El excura, fue acusado de dos delitos de abuso sexual contra persona menor de edad, dos delitos de violación calificada y un delito de corrupción agravada. Los hechos supuestamente ocurrieron en el 2003 cuando era párroco en la Iglesia de Patarrá de Desamparados.
Rodríguez asegura que hay testigos que pueden acreditar que las fechas que citan el denunciante y la Fiscalía no coinciden con el período en que Víquez estuvo laborando en ese lugar.
En otros temas, Rodríguez dijo que las situaciones de salud deben prevalecer y que es comprensible la imposibilidad de continuar el debate en este momento. Aseguró que un nuevo juicio será desgastante para su representado.
Rodríguez afirma que le preocupa los eventuales cambios que se hagan a los testimonios que se rindieron en el debate anulado.
Rodolfo Alvarado, abogado del denunciante, dijo que una situación de salud es algo que se escapa de las manos de todas las partes involucradas. Lamenta que el denunciante tenga que pasar nuevamente por un proceso doloroso de rendir su testimonio.
Alvarado se refirió a los testigos con los que la defensa pretendía desacreditar en el juicio los hechos que se acusaron por supuestas contradicciones con fechas y lugares.
El caso está a cargo del Tribunal Penal de Desamparados, pero las audiencias se estaban haciendo en San José porque la sala tiene mayor aforo y espacio.
