En el país norteamericano existe esta modalidad a diferencia de Costa Rica. El defensor tiene experiencia en casos de extradición y de drogas.
El cambio en la representación del exmagistrado Celso Gamboa en Texas, Estados Unidos, se debió a que la defensora pública, Sarah Jacobs, solicitó apartarse del caso por un conflicto de intereses con otro cliente.
Ella representa a un extranjero de apellido Herrera, también extraditado, quien es sospechoso de integrar un grupo conocido en Limón como «Los Hondureños» o «La H». Al parecer habría información de ambos casos que se «cruzan».
Un juez aceptó la petición y designó al abogado Rafael de la Garza II quien es miembro de un panel identificado con las siglas CJA, que significa Criminal Justice Act o Ley de Justicia Criminal.
El panel se refiere a un grupo de abogados privados que están autorizados para asumir la defensa de personas que no pueden pagar un abogado. En su primera comparecencia, el 24 de marzo, Gamboa dijo que no estaba en condiciones económicas de contratar defensa particular.
De La Garza está certificado por la Junta de Especialización Legal de Texas en Derecho Penal y, según su sitio web oficial, ha manejado una variedad de casos federales, incluyendo extradiciones internacionales, casos federales de drogas y conspiración.
Para comprender mejor esta dinámica, conversamos con Sergio Herra, especialista en Derecho Penal y analista de casos judiciales. El abogado explicó cómo se solventan los conflictos de intereses en Estados Unidos y la asignación de un representante privado pero que sea pagado por el Estado.
Escuche aquí las declaraciones:
