Según el criminólogo Ricardo Sosa, la población percibe una mejora en la seguridad y exige mantener las medidas contra las pandillas, pese a las denuncias de violaciones a derechos humanos.
El Salvador mantiene un estado de excepción desde el 27 de marzo de 2022. En total, ya son 1.307 días consecutivos bajo esta medida, avalada por la Constitución salvadoreña vigente desde 1983.
La solicitud fue presentada ante la Asamblea Legislativa por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Aunque al inicio los grupos del crimen organizado respondieron con violencia, la declaratoria se ha sostenido durante todo este tiempo.
El criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa explica que las medidas restrictivas no afectan a las personas que no están vinculadas con pandillas ni con el crimen organizado.
“A los ciudadanos que no están involucrados en ningún hecho delictivo, criminal o relacionado con pandillas, no les afecta en nada el régimen de excepción”, afirma Sosa.
El experto agrega que la mayoría de los ciudadanos respaldan las acciones del gobierno y que muchos salvadoreños incluso piden que los controles se refuercen.
“Nueve de cada diez salvadoreños apoyan la estrategia denominada Plan Control Territorial. Nueve de cada diez apoyan que continúe y le exigen al presidente Bukele que no elimine el régimen de excepción. La ciudadanía demanda que se incrementen las medidas contra los pandilleros criminales.”
Por su parte, el periodista salvadoreño David Bernal considera que la aceptación de estas medidas se debe a la mejora en la seguridad y a la casi total desaparición de las pandillas en las calles.
“En buena parte de la población, sobre todo en los sectores populares, el régimen es bien visto porque ha permitido reducir significativamente los hechos de violencia.
Creo que eso es innegable. Las encuestas, tanto las gubernamentales como las realizadas por universidades y casas especializadas, muestran que la población ve con buenos ojos el régimen de excepción, porque ha mejorado la seguridad.
La gente siente una tranquilidad que antes no tenía, especialmente en comunidades donde ahora hay poca o nula presencia de pandillas. Eso es algo que la ciudadanía agradece después de años de vivir afectada por la violencia.”
Sin embargo, Bernal advierte que varios sectores se oponen al estado de excepción. Cuestionan el trato que reciben los privados de libertad y denuncian violaciones a los derechos humanos, así como la falta de claridad sobre la duración de la medida.
“El estado de excepción, si bien ha mejorado los índices de seguridad, también ha representado vulneraciones a derechos humanos.
Por ejemplo, hay personas privadas de libertad en condiciones de hacinamiento que supera el 300%, muchas de ellas sin juicio ni condena.
Organizaciones como la CIDH, Amnistía Internacional y VOA han denunciado estas violaciones.
WOLA incluso lo han calificado como un instrumento para silenciar voces críticas del gobierno.
También se ha usado contra defensores de derechos humanos y personas críticas de la administración Bukele, con el fin de amedrentarlas.”
Finalmente, el criminólogo Ricardo Sosa sostiene que las medidas deben mantenerse para continuar combatiendo la inseguridad y la presencia del crimen organizado. Afirma que todavía existen pandillas tanto dentro como fuera del país.“Desde mi punto de vista, esta medida sigue siendo necesaria porque ha permitido a la fiscalía general de la República y a la Policía Nacional Civil combatir y desmantelar la estructura criminal de las pandillas.
Aún existen remanentes de pandilleros dentro y fuera de El Salvador, por lo que considero que el régimen tiene total justificación para mantenerse.”
