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Gobierno refuta a APM Terminals

 

Los Ministerios de Comercio Exterior, Hacienda y Agricultura aseguraron que el Centro de Inspección Remoto responde a un esfuerzo interinstitucional y no forma parte de los compromisos del país en el contrato de concesión con APM Terminals.

Las tres carteras respondieron de manera conjunta a las afirmaciones de APM Terminals de que las autoridades costarricenses deben cumplir con instalar el centro de análisis de imágenes y la coordinación de protocolos entre la Fuerza Pública, Aduanas y el Servicio Fitosanitario.

Pero el Gobierno asegura que el Centro de Inspección Remotoserá una herramienta que apoye los controles interinstitucionales para cumplir la labor de gestión de riesgo que realizan las autoridades competentes.

Agrega que el servicio es complementario en el Contrato de Concesión con APM, lo cual significa que en este momento es voluntario y que debe ser solicitado y cancelado por el exportador a APM.

Eso lo confirmó el viceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas.

 

El Gobierno asegura que el Centro empezó a desarrollarse en agosto 2018 y que se tiene previsto concluir para junio del presente año.

El  CIR forma parte del Sistema  Nacional de Inspección No Intrusiva, el cual incluye la instalación de equipos de inspección no intrusiva como escáneres(en los puntos de ingreso y salida del país) y la implementación del CIR para interpretarlas imágenes.

El viceministro del COMEX recordó que en el año 2017 se asignó al MAGla formulación del Sistema Nacional de Inspección No Intrusiva, pero que La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mejor conocida como Plan Fiscal, se trasladó el liderazgo al Ministerio de Hacienda.

 

El Gobierno reiteró estar“en la mejor disposición de coordinar con APM para adelantar el trabajo de monitoreo desde la TCM”.

APM Terminals atribuye a la ausencia del Centro de Inspección Remoto que un contenedor con banano pudiera llegar al puerto de Rotterdam, Holanda, con 1600 kilos de cocaína.

Alega que posee un moderno escáner valorado en 2.6 millones de dólares que no ha podido poner a funcionar porque todavía no se ha concretado el centro de monitoreo desde donde las autoridades costarricenses analizarán las imágenes.