Disfrute de los 98.7FM de Radio Columbia

Peligro de fuga y obstaculización, entre razones de Fiscalía para pedir prórroga de prisión contra dueños de MECO y H.Solís

La Fiscalía solicitó este viernes que se prorrogue ocho meses la prisión preventiva contra los empresarios Carlos Cerdas (en la foto con mascarilla blanca) y Mélida Solís, propietarios de las empresas constructoras MECO y H.SOLIS, vinculadas al llamado caso Cochinilla.

La audiencia se realizó en la sala 9 de los Tribunales de Goicoechea. El asunto debe resolverse con prontitud puesto que el 26 de octubre finalizan los cuatro meses de prisión preventiva que se fijaron inicialmente. Observe aquí el momento en que Cerdas ingresa a la sala.

A los empresarios se les investiga, junto a un grupo de funcionarios públicos y otros particulares, por un presunto esquema de dádivas a cambio de favorecer a MECO y H Solís en procura de la adjudicación de millonarios contratos de obras viales y el adelanto en el pago de facturas.

El expediente de la investigación se filtró en junio tras una serie de allanamientos . El documento permitió conocer el contenido de escuchas telefónicas que involucran a los sospechosos.

El Ministerio Público investiga una presunta malversación de fondos por ¢78 mil millones en el Conavi, la cual generó un déficit en la entidad. Se indaga si se tomaba dinero de obras para trasladarlo a contratos que MECO y H. Solís tenían en zonas distintas.

El fiscal Glen Calvo dijo a Noticias Columbia que la solicitud de prisión preventiva está justificada por diversos motivos, entre ellos por los llamados "peligros procesales" como el contacto con testigos, alguna intromisión en el proceso o incluso la fuga. 

 

El fiscal se refirió también a cuestionamientos de los abogados defensores de los empresario con respecto a un peritaje del OIJ sobre el monto supuestamente malversado.

El abogado de Carlos Cerdas, Erick Ramos, dijo que se procura el cambio de medidas cautelares de manera que su representado siga sujeto al proceso pero en libertad. Además fue crítico con la suma de dinero que se argumenta como supuesto daño al Estado.  

"Es importante señalar, que ha quedado esbozado que el tema medular sobre el cual se dicta prisión preventiva contra los imputados, que es el supuesto daños por 78 mil millones de colones... no hay tal. La hipótesis que tiene el Ministerio Público ayer el propio perito del OIJ establece que no tienen determinado ni siquiera cuánto es el monto del daño", dijo.

El abogado de Mélida Solís, Erick Gatgens, dijo que la pretensión de la defensa es que se deje en libertad a su representada o que, en caso contrario, se le imponga alguna medida cautelar sustitutiva como el arresto domiciliario. 

Añadió que se argumentó además que Solís tiene condiciones de salud que son difíciles de atender en prisión. "Se le hizo ver a la señora jueza que no puede estar por encima de la salud y la vida de doña Mélida un supuesto peligro procesal de fuga u obstaculización.  

Coincide con Ramos en que el informe de un perito del OIJ deja ver que no hay claridad con respecto al monto de ¢78 mil millones. "Ha habido un descubrimiento muy importante y es que un perito del OIJ llegó a dar declaraciones muy reveladoras que señalan claramente que la detención que ha sufrido doña Mélida es completamente arbitraria", expresó.

Noticias Columbia cuestionó al abogado que además del monto que se habría malversado en Conavi para beneficiar a las empresas, a Mélida Solís se le vincula con un esquema de sobornos del cual presuntamente tenía conocimiento y además autorizaba o participaba.

El fiscal Calvo explicó la diferencia entre estos dos ángulos de la investigación: El dinero de Conavi y el esquema de sobornos.  

La resolución para conocer si la prisión preventiva se prorroga se comunicaría entre el lunes 25 y martes 26 de octubre, fecha en se vence la prisión preventiva actual.   

Por este caso hay otras 13 personas involucradas que actualmente tienen medidas cautelares distintas a la prisión como firma en Tribunales, uso de monitoreo electrónico, suspensiones de cargos,  impedimentos de salida del país, no acercarse al sitio donde laboraban o a los testigos.  La Fiscalía también pidió que se prorrogaran.

Decomiso de teléfono

Otro de los temas que se ventiló este viernes, que es paralelo al caso, fue el presunto decomiso del teléfono celular del abogado Francisco Campos Aguilar, uno de los defensores de Mélida Solis. El hecho ocurrió este jueves tras un receso de la audiencia.

Quisimos conocer la versión de Campos pero el abogado no se encontraba en Tribunales de Goicoechea. Al ser consultado vía telefónica dijo que no podía atender porque estaba siguiendo la audiencia de forma virtual.

La oficina de prensa del Ministerio Público envió la siguiente respuesta:

"La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen indicó que, respecto al caso de su interés, lo que puede indicar es que ayer realizó una diligencia para el decomiso de un dispositivo electrónico, en relación con la investigación que se sigue en contra de una persona de apellidos Campos Aguilar, dentro de los expedientes 21-0000248-1220-PE y 21-000378-1220-PE".

"En dichas causas se investiga el presunto delito de violación de datos personales, el cual se encuentra en el artículo 24 de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones".
 
El medio crhoy.com publicó que en el caso se investiga si el abogado llegó a las instalaciones de MECO antes de que se realizaran los allanamientos de junio pasado y si recibió información de manera que pudiera anticipar la acción policial.
 
Aguilar dijo al medio digital que no tiene nada que esconder y que no le preocupa el decomiso del aparato. Agregó que hay pruebas suficientes para acreditar que llegó minutos después de que comenzaron los allanamientos.