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En 15 días OIJ detuvo seis policías por supuestos cobros ilegales en Garabito

El pasado 5 de mayo ocurrió el primer caso de dos oficiales de la Fuerza Pública y este miércoles fueron cuatro los detenidos (uno de ellos en la foto). A todos se les vincula con hechos en los que presuntamente hubo intimidaciones contra ciudadanos para sacarles dinero. Las situaciones ocurrieron en el cantón de Garabito, Puntarenas.

Inhabilitados

Las primeras detenciones fueron de dos oficiales de apellidos Badilla y Méndez, de la delegación de la Fuerza Pública de Garabito. La denuncia refiere a un caso ocurrido el 20 de febrero. 

La Fiscalía informó que los imputados son sospechosos de abordar a un hombre y amenazarlo con una posible detención, por un supuesto delito de transporte ilegal de personas. En ese momento le habrían pedido ₡500.000 para no llevarla preso. 

"Ante las reiteradas amenazas, presuntamente el ofendido entregó ₡250.000, y los policías, al parecer, requisaron a cinco personas que acompañaban al denunciante e hicieron que estas les entregaran, en total, otros ₡250.000", dice el informe.

Ambos quedaron en libertad pero, como medida cautelar, los inhabilitaron de sus cargos por seis meses. Además deben firmar cada mes y tienen prohibición de contactar a ofendidos o testigos. 

Se les investiga por el delito de concusión. De acuerdo con el Código Penal, esa conducta la comete quien obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial, abusando de sus funciones. Establece un castigo de entre dos y ocho años de prisión.

Segundo caso

Este miércoles por la mañana, agentes del OIJ detuvieron a un policía de la Fuerza Pública de Jacó, de apellido Vivas, también sospechoso del delito de concusión.

A otros tres oficiales investigados de apellidos Vindas, Álvarez y Bogantes, los citaron a las 8:00 a.m. y la Policía Judicial confirmó por la tarde que quedaron detenidos. 

Los hechos habrían ocurrido en febrero y abril. Las víctimas denunciaron que fueron objeto de amenazas e incluso un abuso de autoridad por parte de los oficiales cuando circulaban en una zona solitaria de Jacó cerca de los miradores.

"Eran abordados por los oficiales, amenazados de que iban a ser detenidos e incluso, decomisados sus vehículos. Eran obligados a mostrar sus billeteras o sus bolsos y al ver (los policías) que las personas llevaban dinero, se los arrebataban. Les decían que si no les daban ese dinero los iban a detener", dijo  Yuney Valverde, jefe del OIJ en Jacó. 

"Tanto era la amenaza, que las víctimas recurrían a darles el dinero. En febrero fueron 50.000 colones lo que le sustrajeron a la víctima y en abril 1.075 dólares. Posterior a esa situación, las víctimas eran amenazadas, donde se les indicaba que no regresaran a Jacó ni se devolvieran al centro, sino que siguieran en ruta a la zona sur", agregó Valverde.

¿Qué dice la Fuerza Pública?

Noticias Columbia consultó al Ministerio de Seguridad acerca de la situación que aconteció en dos semanas en Garabito. El departamento de prensa remitió declaraciones de Pablo Bertozzi, director regional de la Fuerza Pública en Puntarenas. 

"La posición de la Fuerza Pública ha sido cero tolerancia con respecto a la corrupción. No ha sido solo una posición, ha sido ocuparse de manera contundente de forma cercana a las autoridades judiciales, con la finalidad coadyuvar en los procesos de investigación y denuncia, para efectos de perseguir los posibles focos de corrupción que tengamos", manifestó.