La Sala Constitucional sigue sin contar con estos puestos, mientras la Asamblea Legislativa se debate entre apresurar el proceso o heredárselo a los nuevos diputados.
Luego de cuatro rondas de votaciones, los puestos para magistrados suplentes en la Sala Constitucional siguen vacantes.
La razón: ninguno de los candidatos ha alcanzado los 38 votos necesarios para ser electos, en medio de retrasos y ausencias de los diputados para decidir.
Así explicó la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, el más reciente retraso en la toma de esta decisión.
«Yo creo que es público, notorio, evidente, y lo hemos dicho más de una vez, que no hay acuerdo para nombrar a estos magistrados suplentes. ¿Por qué? Una lista cerrada, uno. Dos, nosotros creemos que ya nosotros vamos de salida. Entonces, que le dejemos a los otros diputados con calma y con tranquilidad que ellos puedan escoger.
Y tres, creo que la hasta la Corte está tan segura que no hay acuerdo para nombrar a estos magistrados que abrieron un concurso nuevo, ahora sí, abierto al público, a ver quién se quiere postular como magistrado suplente, entonces hagamos las cosas con calma», dijo.
Apetecidos
Aunque estos puestos no están en el ojo público de forma tan fuerte como los titulares, su rol es apetecido, según explica la coordinadora del Informe Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal.
«Esta persona suplente accede a esa silla de toma de decisión de poder político, administrativo y también jurisdiccional. Entonces, estos magistrados suplentes tienen muchísima posibilidad de influenciar la dinámica de la propia Corte y, además, cuando están ahí tienen acceso a información privilegiada. Entonces, sí son puestos igual de apetecidos, con la misma tentación, de influir que las magistraturas titulares», indicó.
A nivel político, el analista Mario Quirós aseguró que no se trata de figuras decorativas, sino que tienen un peso importante.
«Cuando los titulares no participan por ausencia, recusación, inhibición o cualquier otra razón, los suplentes entran a conocer asuntos y a votar resoluciones; es decir, sí tienen incidencia en decisiones importantes, concretas, del Poder Judicial.
Su nombramiento tiene implicaciones políticas porque la discusión no es simbólica, es sobre las personas que ayudan a integrar espacios donde se toman resoluciones relevantes a nivel del sistema legal costarricense. Entonces, desde la lógica del oficialismo tendría algún sentido preferir que esa elección ocurra en una asamblea futura donde va a tener mayor fuerza política.
Hoy su peso es muy limitado. En la próxima (Asamblea) tendría una posición mucho más fuerte para influir en las negociaciones y por eso podría tener una mayor incidencia y esa diferencia en política tiene valor», explicó.
El secretario general del Sindicato de la Defensa Pública del Poder Judicial, Hugo Solís, calificó como un cálculo político los movimientos sobre este tema en la Asamblea Legislativa.
«Los suplentes tienen una importancia trascendental en la votación de procedimientos y de procesos que involucran un criterio anterior de los magistrados o en los cuales ellos se inhiben por tener algún tipo de conflicto de interés. Es decir, muchos de los procedimientos de gran trascendencia, tanto en Sala Constitucional como en Sala Tercera, que es la que ve lo penal, pasan por la decisión de los suplentes.
Por eso es un cálculo político, el tener la designación de esos suplentes que van a conocer ese tipo de procedimientos en manos de la próxima legislatura y no necesariamente de esta», afirmó.
Cambio en impacto y en forma de elección
Y aunque se necesitan 38 sufragios para elegir a alguna persona en estos puestos, Quirós recordó que para el oficialismo es más ventajoso contar con 31 votos, correspondientes a los futuros diputados, que solo 8 de los actuales.
«Cambia por completo el punto de partida de cualquier negociación. Con 31 diputados, aunque no pueda nombrar a ningún magistrado, solo el bloque oficialista logra que no se pueda nombrar a nadie sin ellos; ahí está el verdadero valor político. No es solo una ventaja aritmética, sino que es una capacidad de veto y de condicionamiento mucho más grande, porque, aunque no tiene los votos para imponer, sí tiene los votos para volverse indispensable.
Eso en la dinámica legislativa a veces vale casi tanto como tener la mayoría calificada. Ese salto de 8 a 31 (diputados), aunque no resuelve todo, sí coloca al oficialismo en una posición de mucho mayor ventaja para influir en esos nombramientos», detalló.
Tanto Villareal como Solís recordaron que esto es un ejemplo de los cambios que se deben hacer en la forma de elección de magistrados.
«En el caso de los suplentes, todavía hay mucho más que hacer porque ahí, desde el inicio de la selección de los candidatos, hace falta más información, porque esto lo seleccionan los magistrados titulares de cada sala, cómo se seleccionan, con qué criterios, ahí hay un gran margen de de mayor transparencia e involucramiento de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de quiénes llegaron hasta ahí y porqué la Corte manda a esas personas, con qué criterio las seleccionaron y las mandan como candidatos a la Asamblea Legislativa», dijo Villareal.
Solís complementó al afirmar que «la designación de magistrados es el talón de Aquiles de la independencia judicial. Se ha criticado mucho la forma en cómo se eligen los magistrados y magistradas; nosotros hemos también desde los sindicatos hecho nuestras observaciones sobre cuál sería el proceso óptimo y el actual no lo es».
Realidad de la Sala Constitucional
Mientras esto sucede y la discusión continúa, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, mostró su preocupación por la falta de nombramientos.
«En este momento hay 67 asuntos que se han acumulado, 51 son recursos de amparo, un habeas corpus, una consulta de constitucionalidad y otro asunto y una acción de inconstitucionalidad.
Al no designarse estos funcionarios públicos, se le está causando un daño a las personas y cuando hablo de las personas no son personas abstractas, son personas de carne y hueso que tienen una serie de preocupaciones porque se les está vulnerando los derechos fundamentales.
Y en relación a si la Sala tiene alguna preferencia porque sea esta Asamblea o sea la que entra en funciones a partir del primero de mayo, nosotros no nos inmiscuimos en temas propios de la actividad política. Desde la óptica de la sala, lo importante es que a la mayor brevedad se nombren estos funcionarios públicos», finalizó.
